La Audiencia Provincial de Cantabria llevará a cabo el juicio a partir de este martes, 18 de abril, de seis colombianos acusados de un delito de trata de seres humanos por obligar a una joven colombiana a ejercer la prostitución en España, por lo que cada acusado enfrenta una petición de ocho años de prisión por parte de la Fiscalía.

El juicio, que estaba programado originalmente para octubre de 2022, se pospuso debido a la renuncia de dos procesadas a sus abogados, alegando discrepancias e incompatibilidades.

Los acusados, residentes en Cantabria, presuntamente realizaron diversas actividades relacionadas con la prostitución en pisos particulares utilizados como casas de citas. Con la intención de aumentar el negocio, y bajo la dirección de la madre de dos hombres acusados, decidieron traer chicas jóvenes de Colombia para explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos.

Con este fin, una de las chicas que ejercía la prostitución en uno de esos pisos -también acusada- contactó a través de redes sociales a una joven colombiana de 19 años que residía en Colombia, la cual se encontraba en una situación económica muy difícil y tenía un bebé de cuatro meses. La mujer le ofreció trabajo en una cafetería o de cuidadora de ancianos y le pagó el billete y los gastos de viaje sin decirle que la verdadera intención era obligarla a ejercer la prostitución en España.

Una vez que la chica llegó a España, fue recogida en Madrid y llevada a Torrelavega donde le quitaron su teléfono móvil. Después, la llevaron a una casa de citas en Santander donde estaban la mujer que contactó con ella, otra chica que ejercía la prostitución y la encargada del piso -también acusada-, que era familiar de la mujer que dirigía todos los pisos.

Tras dos días en la casa sin salir a la calle porque podía ser detenida, llegó la encargada de los pisos, que pasaba semanalmente a recoger el dinero recaudado, y le dijo que tenía que prostituirse hasta abonar la deuda de 5.000 euros que había contraído con ellos por traerla a España. A pesar de que se negó, terminó accediendo debido a las amenazas que recibió y a la falta de cualquier posibilidad de recibir ayuda. La chica prestaba servicios sexuales sin descanso, solo se le permitía salir una hora al día y de lo que obtenía por el ejercicio de la prostitución, la mujer que dirigía los pisos se quedaba con la mitad.

La joven aprovechó un día que pudo salir sola para contarle a un viandante lo sucedido y se contactó con la policía. Uno de los hijos de la mujer que dirigía los pisos intentó persuadir a la joven para que retirara la denuncia.

Según la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que imputa a todos los acusados.

La fiscalía pide, además de la pena de prisión, la prohibición de comunicarse con la joven durante diez años y libertad vigilada después del cumplimiento de la pena de prisión de cinco años. En lo que concierne a la responsabilidad civil, se solicita a cada acusado que abone a la víctima 25.000 euros como compensación por los daños y perjuicios causados. Además, el acusado que pidió a la chica que retirara la denuncia enfrenta una pena de dos años de prisión por haber cometido un delito contra la administración de justicia.

La acusación particular que defiende a la joven pide para cada uno de los acusados nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicarse con ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, también se solicita una indemnización de 30.000 euros.

El juicio se llevará a cabo en la Sección Primera de la Audiencia los días 18, 19, 20 y 25 de abril, con sesiones que comenzarán a las 9.30 de la mañana.