La absolución de un guardia civil de Cantabria por el uso indebido de su placa en un burdel es archivada por un juez.
Una jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha solicitado un informe a la Comandancia después de que se presentara una denuncia contra un coronel de la Guardia Civil por presuntamente no investigar un posible delito de extorsión.
Según el auto emitido por el juez, se archivó temporalmente la denuncia presentada contra un guardia civil de Cantabria por utilizar su placa para no pagar en un burdel de la región. Los denunciantes han recurrido esta decisión.
A su vez, la magistrada del Juzgado número 5 ha iniciado diligencias indeterminadas y ha enviado el caso a la Fiscalía para que informe sobre la admisión a trámite de otra denuncia relacionada con la falta de investigación de estos hechos por parte del coronel jefe de la Guardia Civil en la comunidad autónoma.
Como resultado de estas actuaciones, la jueza ha pedido a la Comandancia que presente un informe en un plazo de diez días sobre la denuncia y la posible omisión del deber de perseguir delitos, así como que envíe copias de los expedientes iniciados con motivo de estos hechos.
Estas resoluciones judiciales han sido emitidas por los dos magistrados durante el mes actual y las denuncias se presentaron a mediados de julio.
Una de las denuncias es contra el agente de la Agrupación de Tráfico, quien aparentemente se identificó como tal para solicitar la devolución de 50 euros pagados en un club de alterne en Heras, alegando que no estaba satisfecho con los servicios prestados por la mujer que lo atendió el otoño pasado.
El Juzgado número 1, a cargo de Jaime Parra, ha concluido que no se ha demostrado la comisión del delito y ha archivado provisionalmente la denuncia, aunque esto ha sido recurrido por la agrupación profesional.
La segunda denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 5, es contra el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Antonio Orantos, por presunta falta de investigación del agente que solicitó el pago en el burdel. También incluye a la delegada del Gobierno en Cantabria y al teniente general Félix Jesús Blázquez González.
La magistrada titular de este juzgado, Mercedes Compostizo, ha ordenado iniciar diligencias indeterminadas y ha enviado el caso a la Fiscalía para que informe sobre la admisión a trámite de la denuncia y los pasos a seguir.
En el marco de estas actuaciones, ha solicitado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria que presente un informe y copias de los expedientes relacionados con estos hechos.
Aunque se incluye en la documentación un auto del Juzgado número 1 que archiva provisionalmente la denuncia por extorsión y otro del Juzgado número 5 que investiga la posible omisión del deber de investigar, fuentes judiciales han explicado que esto podría deberse a un error en el registro, que estaría recibiendo casos duplicados y enviándolos a distintos juzgados.