La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena impuesta a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (PSOE) y a ocho concejales de su equipo de gobierno por prevaricación administrativa, al considerar que tuvieron un comportamiento ilegal y arbitrario al fraccionar contratos entre 2003 y 2009.

La Sección Primera de la AP rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de los nueve acusados, ratificando así la sentencia original emitida en noviembre de 2021. La resolución destaca que los encausados eludieron los controles de legalidad al aprobar facturas de forma sucesiva por servicios prestados por empresas durante un periodo prolongado de tiempo, a pesar de los reparos del interventor municipal.

La nueva evidencia presentada durante el proceso, incluida la declaración de un exregidor, respaldó la decisión de los magistrados de la Audiencia. La exalcaldesa fue condenada a cinco años de inhabilitación especial, mientras que los concejales socialistas recibieron cuatro años de inhabilitación por aprobar los pagos cuestionados.

La sentencia reconoció una atenuante por dilaciones indebidas en el proceso, que se extendió casi dos décadas desde las primeras irregularidades denunciadas. La investigación se inició a raíz de una denuncia de un exconcejal por las prácticas ilegales realizadas en el Ayuntamiento entre 2003 y 2009.

Las defensas de los acusados argumentaron en su favor, insistiendo en la ausencia de elementos para sustentar la condena por prevaricación. Sin embargo, la Sala determinó que la Junta de Gobierno Local tenía la autoridad para aprobar contratos y que el fraccionamiento de los mismos conllevaba un acto ilegal e intencionado.

La persistencia en la ilegalidad por parte de los acusados en contrataciones anteriores no eximió su responsabilidad en el presente caso, según la sentencia. A pesar de los intentos de regularizar la situación posteriormente, el comportamiento previo fue considerado típico y punible por la Audiencia Provincial de Cantabria.