En un giro inesperado, el Tribunal Supremo ha decidido reducir la condena de un líder de una organización acusada de prostituir a 137 mujeres principalmente extranjeras, dejando atrás una pena que originalmente podía alcanzar hasta 555 años. Tras el proceso judicial, su sentencia ha quedado fijada en cinco años y nueve meses, aunque la historia de la familia implicada no termina aquí, ya que también se había procesado a dos de sus hijos, quienes finalmente han sido absueltos de los cargos de complicidad.

Este personaje central de una red delictiva, que operaba desde Cantabria y se dedicaba a la explotación de mujeres provenientes de Europa del Este, Sudamérica y el norte de África en clubes situados en Aragón y Alicante, fue inicialmente condenado por la Audiencia Provincial. La pena incluyó cinco delitos de prostitución, uno relacionado con el blanqueo de capitales y otro relacionado con la tenencia ilegal de armas.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acogido parcialmente el recurso presentado por el acusado, así como por sus dos hijos, reduciendo la sentencia al desestimar tres de los delitos de prostitución que se le atribuían. Esta decisión ha llevado a que su tiempo de encarcelamiento se ajuste a dos años y nueve meses, según los detalles de la resolución consultados por Europa Press.

Además, los magistrados han revocado la decisión de la sección tercera de la Audiencia Provincial respecto a los otros dos acusados, absolviéndolos de los cinco delitos de prostitución que enfrentaban. Cada uno había sido condenado a seis meses de prisión y a una multa de 540 euros.

En el ámbito económico, las sanciones por blanqueo de capitales también han sufrido modificaciones, con las nuevas multas fijadas en 200.000 y 250.000 euros, disminuyendo respecto a las cuantías anteriores que alcanzaban los 240.000 y 260.000 euros, las cuales implicaban, además, tres meses de prisión.

El padre de familia, en la misma línea de acusación, fue sentenciado a pagar 1.800 euros por cada delito de prostitución y, por su implicación en el blanqueo de capitales, recibió una pena de tres meses de prisión, junto con una multa de 1.000 euros y la prohibición de ejercer su profesión durante un año. También se le impuso una pena de seis meses de cárcel por la tenencia ilícita de armas y la obligación de cubrir parte de las costas procesales.

La frase que le catapultó a la notoriedad fue su enfrentamiento a una solicitud de condena que alcanzaba los 555 años, cifra que la fiscalía planteó en un intento de marcar la gravedad de los delitos vinculados a la gestión de clubes de alterne. Durante el juicio, el líder del grupo se defendió alegando que nunca había administrado dichos establecimientos y trató de desvincular a sus hijos, indicando que les había ocultado la naturaleza real de sus negocios, presentándolos como “discotecas y pubs”.

En su defensa, argumentó que las mujeres involucradas debían abonar 50 euros diarios por hospedaje, asegurando que contaban con “plena libertad” para abandonar los locales, además de afirmar que se les brindaban “todas las facilidades del mundo” para ello.

En un desenlace donde la mayoría de los procesados en la trama, un total de once, admitieron su participación desde el comienzo del juicio celebrado en septiembre de 2021 en el complejo judicial de Las Salesas, en Santander, algunos de ellos aceptaron penas que sumaban hasta 80 años de prisión y multas que alcanzaban los 96.650 euros.

La decisión judicial también abarcó la clausura definitiva de los clubes de alterne implicados en el caso, así como la confiscación del dinero obtenido de manera ilícita dentro de estos establecimientos, marcando un paso en la lucha contra la explotación y el abuso en el ámbito de la prostitución.