La consejera de Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido de manera rotunda la independencia judicial y el respeto a las decisiones judiciales durante la primera reunión de trabajo para elaborar un Pacto por la Justicia en la región. El objetivo de este pacto es revertir la situación actual y conseguir una adecuada relación entre los profesionales y el respeto institucional. Según Urrutia, se avecinan tiempos de cambio en el sistema de justicia, que incluirán leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital con el fin de mejorar el funcionamiento de este servicio público esencial para los ciudadanos.
Además, la consejera anunció la puesta en marcha en 2024 de un nuevo juzgado de instrucción en Santander, así como la instalación de la cámara Gesell en Salesas durante el primer trimestre del año. El departamento de Justicia también tiene previsto invertir en la mejora de las infraestructuras judiciales y en proyectos de modernización y digitalización con fondos europeos. En concreto, se destinarán 6,6 millones de euros a la digitalización del Registro Civil y a la integración del sistema de gestión procesal.
El objetivo final es lograr una Justicia totalmente informatizada, interconectada y accesible tanto para los ciudadanos como para los operadores jurídicos. Durante su intervención, Urrutia expresó el total respaldo del Gobierno de Cantabria a los jueces y magistrados, especialmente aquellos que se encuentran cuestionados en este momento y que deben aplicar una ley que pone en riesgo el Estado de Derecho, en referencia a la Ley de Amnistía. Para Urrutia, solo los jueces y magistrados están capacitados para juzgar y hacer cumplir las sentencias, por lo que cualquier intento de socavar su independencia supone un ataque a la democracia y al Estado de Derecho.
En la inauguración del XXI Congreso Asociación Judicial, también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, la presidenta de la Asamblea Regional de Cantabria, María José González Revuelta, y el concejal de Economía, Hacienda y Compras del Ayuntamiento de Santander, Victoriano González.
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