El Parlamento de Cantabria ha iniciado su periodo de sesiones de esta legislatura con la aprobación de varias propuestas. Entre ellas, destaca la exigencia al Estado de mejoras en la protección social de abogados y procuradores para garantizar una pensión digna.

En cuanto al sistema de financiación autonómica, el Parlamento cántabro se ha pronunciado en contra de una posible reforma que priorice la cantidad de población en lugar del coste efectivo de los servicios. El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley para exigir al Gobierno central que tenga en cuenta criterios como la orografía y la dispersión de la población al repartir los fondos a las comunidades. La iniciativa ha contado con el apoyo del PRC y el PSOE, mientras que Vox se ha abstenido.

En cuanto a la gestión y condena de los consejeros regionalistas responsables de la Consejería de Obras Públicas, Vox ha presentado una proposición no de ley que ha sido rechazada por el resto de los partidos en el pleno. Destaca el consenso entre PP, PRC y PSOE en la defensa de una financiación autonómica basada en el coste real de los servicios públicos.

El diputado del PP, Iñigo Fernández, ha advertido sobre las posibles consecuencias negativas de una financiación basada en criterios poblacionales para Cantabria. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, ha pedido que este debate no enfrente a comunidades y ha recordado que Cantabria ha tenido buenos resultados cuando ha sido gobernada por el PSOE.

En relación a la protección social de abogados y procuradores, el Parlamento ha aprobado por unanimidad una propuesta para gestionar con el Estado mejoras en su sistema de pensiones. Se busca garantizar una pensión digna que incluya cobertura en caso de incapacidad laboral temporal o pensión de viudedad. La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Regionalista y ha contado con el apoyo de todos los diputados.

En resumen, el Parlamento de Cantabria ha enfatizado la importancia de una financiación autonómica basada en el coste real de los servicios y ha exigido al Estado mejores garantías de protección social para abogados y procuradores.