El grupo popular y Vox han alcanzado un acuerdo en el Parlamento de Cantabria para promover becas y ayudas públicas destinadas a estudiantes de la escuela concertada que no cuenten con recursos económicos suficientes para cursar Bachillerato en el mismo centro.
El objetivo de esta iniciativa es evitar que las familias en Cantabria se vean obligadas a cambiar a sus hijos de centro escolar por falta de recursos económicos y puedan continuar su educación en la escuela concertada en la que han estado matriculados hasta ese momento.
La propuesta original presentada por Vox ha sido modificada a través de una enmienda del PP, en la cual se solicita al Gobierno de Cantabria un estudio exhaustivo sobre las matriculaciones en los centros privados con concierto en las etapas de Primaria y Secundaria, con el fin de ofrecer facilidades para la matriculación en Bachillerato a estudiantes de familias con escasos recursos económicos.
Además, se insta al Gobierno a articular ayudas económicas para familias de la región cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en centros privados en los que ya hayan estado matriculados en etapas de educación obligatoria, teniendo en cuenta criterios de renta per cápita familiar y en colaboración con la Consejería de Educación.
El PSOE y el PRC han mostrado su rechazo a esta propuesta, argumentando que pone en duda el sistema educativo de Cantabria y socava el principio de igualdad de oportunidades. Los socialistas han acusado al PP de permitir que Vox tome las riendas de la educación en la región, mientras que los regionalistas han afirmado que esta medida rompe el equilibrio entre la escuela pública y concertada sin una razón de peso más allá de satisfacer un "capricho".
En otro punto del pleno, PP, PSOE y PRC han votado en contra de una iniciativa presentada por Vox para urgir al Gobierno a presentar un plan de reestructuración del sector público empresarial e institucional de Cantabria, argumentando que se necesita tiempo para obtener datos y tomar decisiones de manera razonada y justa.
Vox ha criticado la postura del PP y ha señalado su discrepancia con respecto a la reestructuración del sector público, alegando que es una medida necesaria y que ellos ya la habían planteado en su programa electoral.
La propuesta de Vox también ha sido rechazada por el PSOE y el PRC, que consideran que no se puede partir de un plan preconcebido de supresión de entidades sin analizar primero la situación actual y conocer el informe preliminar del ICAF.
Por su parte, el PRC ha acusado al PP de incoherencia por mantener el mismo número de altos cargos en el Gobierno a pesar de haber criticado esta situación cuando estaban en la oposición.