El Parlamento de Cantabria ha decidido actuar ante el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta al recurso presentado por el Gobierno español, que cuestiona la reciente derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la comunidad autónoma. Esta normativa fue eliminada en noviembre pasado por la coalición de PP y Vox.

La decisión fue tomada durante la sesión plenaria del lunes, donde los representantes de PP y Vox argumentaron que derogar una ley no viola la constitución y que ello forma parte de su derecho a la libertad de pensamiento. En contraste, los miembros del PSOE votaron en contra, destacando la necesidad de mantener la suspensión ordenada por el Constitucional para prevenir posibles violaciones graves a los derechos humanos.

Por su parte, el PRC optó por la abstención, expresando su apoyo a la Ley de Memoria Histórica, aunque reafirmó la autoridad del Parlamento de Cantabria para establecer nuevas leyes. Esta acción se suma a la postura del gobierno regional encabezado por el PP, que tomó medidas similares tras la suspensión de la ley de memoria histórica, que había sido aprobada en 2021 durante el mandato anterior.

Íñigo Fernández, diputado del PP, defendió la decisión del Parlamento de presentarse ante el TC para “proteger su derecho” a derogar la ley, invocando el mismo derecho que tuvo la legislatura de 2021 al aprobarla. Fernández cuestionó la inconsistencia de que Cantabria no pueda operar sin una ley que otras comunidades, como Murcia, ya han desestimado.

El diputado del PP argumentó que la Ley de Memoria en Cantabria es perjudicial para la convivencia, alegando que fomenta divisiones y conflictos al centrarse únicamente en el sufrimiento de una parte de las víctimas. Afirmó que la ley introducía peligrosos mecanismos como una Comisión de la Verdad que, según él, podría distorsionar la narrativa histórica.

Asimismo, criticó que la ley promovía el adoctrinamiento en las escuelas y socavaba la autonomía y la libertad de cátedra de los docentes. Fernández aseguró que su partido no ha engañado a nadie con su plan de derogación y acusó a los socialistas de inacción en la implementación de la ley que ellos mismos aprobaron.

Leticia Díaz, portavoz de Vox, respaldó la postura del PP, argumentando que si una ley puede ser aprobada, también puede ser derogada, sugiriendo que tal acción no debería considerarse inconstitucional. Señaló que es absurdo plantear que la ausencia de una norma crea un vacío inconstitucional.

En contraste, el PSOE defendió la permanencia de la suspensión en virtud de la revisión por parte del Tribunal Constitucional, citando un informe del Consejo de Estado que indicó la existencia de una posible contradicción con la Constitución. El diputado Mario Iglesias expresó su preocupación por los potenciales daños que podría ocasionar un levantamiento de la suspensión en los derechos de la ciudadanía y para las víctimas de la guerra.

Iglesias también criticó la falta de colaboración del gobierno regional con el Ministerio en materia de memoria histórica durante la vigencia de la ley, afirmando que no se habían llevado a cabo acciones significativas en términos de investigación o exhumaciones.

El diputado subrayó que el presupuesto destinado a actividades relacionadas con la memoria democrática había sido otorgado sin que el Gobierno de Cantabria hubiese comprometido fondos para su ejecución. Subrayó que el Tribunal Constitucional aún no ha abordado el fondo del asunto, limitándose a admitir el recurso.

Desde el PRC, se opina que no comparecer ante el Tribunal podría debilitar la posición del Parlamento como ente legislativo representativo, aunque han decidido no apoyar esta acción por coherencia, dado que se oponen a la derogación de una ley que consideran fundamental para la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas en la región.

El diputado regionalista Pedro Hernando aseguró que actuarán conforme a lo que dictamine el Tribunal, anticipando que este podría respaldar la facultad del Parlamento de legislar dentro de sus competencias, reflejando así el sentir de la mayoría de la Cámara, aunque no sea la perspectiva del PRC.