El 22 de mayo en Santander se ha desatado un nuevo capítulo en la controversia entre el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla y el rey emérito Juan Carlos I. La defensa de Revilla está considerando llevar a juicio al exmonarca, a raíz de la demanda que su abogada ha anunciado interponer en los juzgados de Madrid tras una conciliación que no prosperó la semana pasada en Santander.

El futuro de esta citación dependerá de la decisión del juez asignado al caso, quien evaluará si es pertinente e interesante escuchar al exjefe del Estado. Esta información fue compartida por Carlos Pérez, decano del colegio de la Abogacía de Cantabria, durante un desayuno informativo en el que también se discutieron asuntos de relevancia para el sector.

Si se decide convocar a Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi desde 2020, su presencia podría complicarse. Según Pérez, dadas las circunstancias, sería posible que asistiera a través de métodos telemáticos, como una videoconferencia desde un lugar seguro, por ejemplo, un consulado de los Emiratos Árabes Unidos. La insistencia en su comparecencia es crucial dado que su demanda gira en torno a supuestos ataques a su honor por parte del regionalista, quien ha hecho declaraciones controvertidas en medios de comunicación.

El decano también aclaró que, de no asistir, el rey emérito enfrentaría consecuencias legales según lo estipulado en la ley. Sin embargo, la relevancia del interrogatorio a Juan Carlos I sigue siendo una cuestión a decidir por el magistrado, quien valorará qué preguntas pueden ser consideradas pertinentes para el desarrollo del caso.

En la misma línea, el juez podrá decidir si admite o no las preguntas propuestas, basándose en su relación con el fondo del asunto. Además, el magistrado tiene la facultad de formular sus propias preguntas si lo considera necesario.

En otro aspecto del caso, se ha generado cierta controversia por la elección de Revilla de un abogado fuera de Cantabria. Aunque algunos consideran que sería ideal optar por un letrado local, Pérez defendió la libertad de los clientes para elegir expertos de otras regiones, asegurando su respeto hacia estas decisiones.

Por su parte, el rey emérito ha optado por la abogada Guadalupe Sánchez, quien también representa al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que añade otro matiz a este complejo entramado legal y político.