Se levanta el bloqueo urbanístico del tren Santander-Bilbao: ¿qué cambia para ti?
El Ministerio levanta la suspensión de licencias en terrenos del tren Santander-Bilbao tras no ser rentable. Qué significa para vecinos y propietarios.
Los terrenos del corredor del tren Santander-Bilbao dejan de estar bajo suspensión de licencias urbanísticas. Una decisión que afecta a quien tenga o quiera tener suelo, obra o proyecto en esa franja.
Hasta ahora, en los terrenos afectados por el proyecto ferroviario no se podían conceder licencias ni autorizaciones urbanísticas. Tampoco se podían aprobar nuevas clasificaciones o calificaciones de suelo, ni surtían efecto las ya aprobadas. Ahora esa suspensión queda sin efecto.
¿El motivo? El Ministerio de Transportes publicó en el BOE el expediente de información pública del estudio informativo. Y la conclusión fue clara: ninguna de las alternativas analizadas alcanzaba el mínimo de rentabilidad exigible. Es decir, el proyecto, tal y como estaba planteado, no salía las cuentas.
Para intentar salvarlo, el Ministerio encargó en mayo un nuevo estudio a la UTE FULCRUM - IPLAN por casi 645.000 euros, con IVA incluido, y un plazo de 18 meses. El objetivo es recolocar las estaciones para atender a más población y valorar si conviene un trazado de tráfico mixto o solo de viajeros.
El nuevo análisis también incluirá paradas en Castro Urdiales y Laredo, y estudiará dividir la obra en tramos o fases. Es decir, podría construirse por partes y en distintos plazos, algo que cambia mucho los calendarios previstos.
Para un vecino de a pie, esto significa que quien tenía planes en esos terrenos vuelve a tener margen para tramitar licencias. Pero también que la incertidumbre no ha desaparecido: el trazado final aún no existe y puede modificar qué parcelas se ven afectadas.
Qué puede pasar ahora: el nuevo estudio marcará si el tren sale adelante y por dónde. Si eres propietario o vas a comprar suelo en el corredor, conviene consultar el planeamiento municipal y pedir información al Ayuntamiento antes de tomar decisiones. Y seguir de cerca el proceso de información pública, porque ahí los ciudadanos pueden presentar alegaciones.