Seis millones de fondos europeos corren riesgo de perderse si la Justicia no los tramita antes de fin de año.

Seis millones de fondos europeos corren riesgo de perderse si la Justicia no los tramita antes de fin de año.

La Presidencia de Cantabria ha expresado su desacuerdo con la subida salarial solicitada por los docentes, considerándola "desproporcionada". Para el año 2024, se ha asignado un presupuesto de 145 millones de euros para la Presidencia, lo que supone un aumento del 7,22% en comparación con el ejercicio anterior.

En cuanto a la Justicia, el Gobierno de Cantabria tiene la intención de agilizar la tramitación y licitación de 6,4 millones de euros provenientes de fondos europeos. Estos fondos habían estado paralizados desde 2022 y estaban a punto de perderse. La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), mencionó que su departamento se encontró con diversos asuntos pendientes, a pesar de que muchos expedientes ya estaban en marcha.

Uno de los problemas heredados por el Gobierno actual fue la falta de una cámara Gesell en Cantabria para las declaraciones judiciales. Además, las obras del antiguo Convento de las Clarisas en Santander, que ya estaban adjudicadas, no pudieron comenzar en abril debido a la falta de licitación por parte del anterior Gobierno (PRC-PSOE).

En relación al presupuesto, se estima que la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa tendrá a disposición 145 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente diez millones en comparación con el año anterior. Sumando la asignación de los organismos autónomos, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) 'Rafael de la Sierra' y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), la cuantía total para el departamento de Urrutia alcanzará los 155 millones de euros.

Entre los proyectos destacados de la legislatura se encuentran el Pacto por la Justicia, que busca revertir la situación actual de conflictividad laboral en el ámbito judicial, y la finalización de las obras del Convento de las Clarisas. También se planea renovar el parque móvil de los servicios de emergencias y modernizar la ley de función pública, que actualmente tiene 30 años de antigüedad. Además, se tiene previsto construir helipuertos en Valderredible, Tresviso y Polaciones, con este último ya contando con un terreno designado.

En cuanto al empleo público, la Consejería tiene la intención de desarrollar un plan para analizar los recursos y personal necesarios en la Administración y, a partir de eso, reorganizar los efectivos y determinar las contrataciones mediante ofertas públicas de empleo. Para el año 2024, se espera llevar a cabo una remodelación de las relaciones de puestos de trabajo con criterios objetivos y unidad desde las consejerías, según mencionó Urrutia.

Por último, la consejera se refirió a la reciente solicitud de un aumento salarial del 30% por parte de la Junta de Personal Docente, calificándolo como "totalmente desproporcionado". Destacó que la nómina de los 25.000 empleados públicos de Cantabria incrementará un 0,5% a partir de este mes de octubre, con efectos retroactivos desde enero de 2023, debido a un acuerdo nacional en la Mesa General de las administraciones públicas.

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