En un contexto de creciente preocupación por la calidad de los servicios públicos, los representantes sindicales de DIAVIDA (UGT, CCOO, CGT y USO) han hecho un llamado urgente a la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Exigen la terminación del contrato de transporte sanitario programado con esta empresa valenciana, argumentando que existen evidentes razones que justifican esta decisión, incluyendo un gran número de quejas y problemas relacionados con retrasos y cancelaciones en el traslado de pacientes.

Los sindicatos enfatizan que la rescisión del contrato no solo busca "recuperar el servicio" sino también poner fin al sufrimiento que ha experimentado tanto el personal como los usuarios, quienes han padecido las constantes violaciones de las condiciones acordadas en el contrato original.

José Alberto Ibarguen, presidente del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, ha señalado que los incumplimientos del contrato son una constante, y ha añadido que también se han pasado por alto los términos del convenio colectivo. En su declaración, destacó que el Gobierno regional ya cuenta con un informe extenso de 96 páginas que detalla las razones para poner fin al contrato, pero hasta ahora no han realizado ninguna comunicación al respecto, lo que, en su opinión, resulta inaceptable.

Ibarguen instó a los representantes políticos en el Parlamento de Cantabria a que ejerzan presión sobre la Consejería de Salud para que tome acción en el Pleno próximo, subrayando que el informe presentado documenta adecuadamente los incumplimientos del convenio colectivo, así como las resoluciones a las denuncias e inspecciones laborales.

El líder sindical manifestó su preocupación al afirmar que los trabajadores de la plantilla, compuesta por 136 personas, han enfrentado reiterados problemas en el pago de sus salarios, la falta de un calendario laboral negociado, y la ausencia de conciliación entre la vida laboral y familiar. Además, señaló que no se están cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas ni existiendo programas de formación adecuados, lo que se traduce en motivos más que suficientes para justificar la rescisión del contrato.

Finalmente, Ibarguen advirtió que si el Gobierno de Cantabria no actúa de manera urgente y no emite el informe antes de la Semana Santa, los sindicatos reanudarán las movilizaciones para exigir soluciones efectivas a esta problemática que afecta a la comunidad y a los trabajadores implicados.