El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que actúe ante el Tribunal Constitucional por la reciente legislación que ha retirado al lobo de su estatus de protección especial. Esta normativa, vinculada con la reducción del desperdicio alimentario, ha sido criticada por despojar al cánido de sus derechos de protección legal.

La organización, apoyada por más de 50 entidades defensoras del medio ambiente, insta a Gabilondo a que inicie gestiones con el Gobierno español para revertir estos cambios normativos que han llevado a la "desprotección" del lobo. Esta demanda se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

En un comunicado dirigido a Gabilondo, el Fondo expone preocupaciones técnicas y legales sobre la aplicación de esta ley, sugiriendo que podría estar en conflicto con la Constitución Española. "Es innegable que una política destinada a abordar el desperdicio de alimentos no debería interferir en la protección de una especie amenazada", expresan los representantes del Fondo.

Además, la entidad denuncia la falta de participación pública en el proceso de toma de decisiones que ha conducido a este cambio normativo. Sostienen que este aspecto también vulnera las normativas que exigen la inclusión de organizaciones ambientales en estos asuntos cruciales.

Desde que el lobo fue excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), el Gobierno de Cantabria ha reactivado un antiguo plan de manejo, lo que ha resultado en la eliminación de 16 lobos, además de cinco muertes por causas ajenas. Este total de 21 ejemplares representa la mitad del límite permitido de 41, equivalente al 20% de la población local de esta especie.