Un equipo del Ministerio del Interior ha llegado a Torrelavega con el objetivo de evaluar la rehabilitación de las instalaciones que albergan al Cuerpo municipal de Policía, en un contexto donde se clama por mejoras urgentes.

En una reciente sesión del Pleno Municipal, los representantes de todas las fuerzas políticas han mostrado un apoyo unánime al alcalde, Javier López Estrada del PRC, requiriendo que en un plazo de seis meses, se presente un plan robusto para nuevas instalaciones de la Policía Local, además de acometer sin dilaciones necesarias obras en la comisaría actual.

Este acuerdo emergió de una moción centrada en la reforma de la Policía Local, debatida en un Pleno extraordinario solicitado por el PP, que consideró "vergonzoso" el estado actual de las instalaciones. La moción se componía de cinco propuestas, tres de las cuales fueron aprobadas al ser votadas por separado, tal como lo solicitó el PRC.

Entre las solicitudes destacadas, se exige establecer un reglamento interno en un plazo de 30 días. Este reglamento debe ser negociado en conjunto con los sindicatos y la representación de mandos policiales, abarcando aspectos como las especialidades del servicio, horarios, y funciones de cada puesto.

La iniciativa también plantea crear una nueva estructura organizativa que divida las funciones en áreas operativas y de gestión. Se ha propuesto, además, la creación de una Sala 092 para facilitar la atención y coordinación in situ de los servicios de seguridad, así como una Sección de Atestados. Resalta la necesidad de aumentar el número de efectivos, que actualmente resulta "insuficiente" dado el volumen de población y la carga operativa en la localidad.

A pesar del respaldo del equipo de Gobierno, que comprende una coalición entre PRC y PSOE, no se dieron luz verde a dos de los puntos que exigían la implementación inmediata de acuerdos previos, además de establecer un calendario para la equiparación salarial de la Policía Local con otros cuerpos similares en la comunidad autónoma.

El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha admitido la necesidad de regularizar las desiguales condiciones salariales, aunque enfatizó que esto debe hacerse dentro de los marcos legales que rigen el servicio público. En cuanto a las infraestructuras, declaró que la situación es insostenible, añadiendo que cualquier rehabilitación dependería del visto bueno del Ministerio del Interior, ya que las instalaciones son de su propiedad.

Pérez Noriega también reveló que, el mismo día de la reunión, representantes del Ministerio de Madrid llegarían para contemplar el proyecto de rehabilitación. Sin embargo, expresó incertidumbre sobre si se permitirá avanzar en el plan o si se establecerán nuevas negociaciones. Reconoció que una comisaría nueva a corto plazo es poco probable, pero se mostró esperanzado en abordar urgentemente las obras más críticas, aunque describió esto como una medida temporal.

A pesar de las frustraciones, el concejal remarcó que, desde el 2014, se han intentado establecer mejoras sin resultados contundentes. Las negociaciones para la nueva comisaría iniciaron durante el gobierno del PP, lo que añade un matiz histórico al conflicto actual.

Desde el PSOE, surgieron alertas sobre la importancia de considerar la plantilla municipal como un conjunto, y algunos miembros alertaron sobre la posible inequidad de la moción al centrarse únicamente en la Policía Local. Borja Sainz, representante del partido, subrayó que no se debe perder de vista la dignidad y derechos laborales de todos los empleados municipales.

El impulso de esta moción fue parte de una campaña sostenida por la Policía Local, que ha venido llevando a cabo protestas y asistiendo a sesiones plenarias con pancartas. El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, expresó su desazón ante el estado de las instalaciones y la falta de cumplimiento de acuerdos anteriores, clamando por la necesidad de un cambio inmediato en las condiciones laborales de todos los trabajadores municipales.

Roberto García Corona, de Vox, se unió a las críticas, tildando de "inaceptables" las condiciones en las que trabajan los agentes, y no dudó en responsabilizar al alcalde por la mala gestión de los recursos públicos.

Por su parte, tanto Blanca Rosa Gómez Morante de Torrelavega Sí, como Borja Peláez de IU-Podemos, denunciaron el incumplimiento de acuerdos para mejorar las condiciones del Cuerpo, señalando que las promesas del equipo de Gobierno no han recibido un cronograma claro que garantice su ejecución.