La Fiscalía de Cantabria ha destacado una inquietante discrepancia entre la existencia de establecimientos relacionados con la prostitución y el escaso número de denuncias y procedimientos judiciales por delitos de trata de seres humanos. Según un informe reciente, en la región operan actualmente diez clubs de alterne y aproximadamente 46 pisos dedicados a este fin, sin embargo, únicamente se ha abierto un caso en el año 2024, en el Juzgado de Torrelavega, el cual también investiga la posible facilitación de la inmigración ilegal.

A pesar del considerable número de estos locales, el ministerio público resalta que los delitos relacionados con la trata y la prostitución siguen teniendo una baja incidencia en la comunidad. Este dato se basa principalmente en la colaboración de diversas ONG que trabajan en el apoyo a las mujeres involucradas en la prostitución, quienes evidencia la falta de denuncias.

La Fiscalía señala que la sorprendente baja cantidad de casos judiciales podría atribuirse, en parte, a la reticencia de las víctimas a denunciar. Además, se añade que las nuevas plataformas de redes sociales han cambiado el panorama de la oferta de servicios sexuales, complicando aún más la detección de estos delitos.

Otro factor que dificulta la intervención de las fuerzas del orden es el desarrollo de actividades de alterne en espacios privados, que hacen casi imposible que la policía acceda a estos lugares, salvo que se cuente con un consentimiento explícito o una orden judicial.

A pesar de la complejidad inherente a la instrucción de estos delitos, que prolonga el proceso de investigación, la Fiscalía informa que en lo que va del 2024 han presentado dos acusaciones relacionadas con la trata de seres humanos, en asociación con delitos de explotación sexual, ante los juzgados de Reinosa y Santoña. Sin embargo, hasta la fecha ninguna sentencia ha sido dictada en estos casos.