El Gobierno de Cantabria exige al Gobierno central una mayor planificación y colaboración en el traslado de menores migrantes no acompañados que están solicitando asilo, pues hasta la fecha los detalles de este proceso han sido completamente ignorados por las autoridades nacionales.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), expresó su preocupación recientemente, al afirmar que el Ejecutivo regional no ha recibido ninguna información sobre cómo se llevará a cabo este traslado, programado para comenzar el 11 de agosto. La falta de comunicación ha sido tal que las comunidades autónomas se han enterado de las decisiones por medio de los medios de comunicación, una situación que Gómez del Río considera intolerable.

La consejera subraya que a esta situación se suma el deficiente cuidado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha brindado a los 1.220 menores solicitantes de asilo, quienes, según el Tribunal Supremo, necesitan atención y protección adecuadas. Este fallo judicial, que fue recurrido por el gobierno central, ha llevado a la creación de un programa de traslado que, lamentablemente, sigue siendo un misterio para las autoridades cántabras.

Gómez del Río también apuntó que el sistema que había permitido el traslado cooperativo de menores desde Canarias a la Península ha sido destrozado por decisiones unilaterales del Gobierno, que han traído consigo la imposición y la falta de transparencia en el proceso. “Lo que había era una colaboración y ahora se han quebrado esos entendimientos”, afirmó con descontento.

Particularmente, la consejera puso de manifiesto que Cantabria ha sido notificada de que se le asignará la responsabilidad de acoger a 156 menores, pero no se brindan detalles sobre cómo, cuándo ni dónde se llevará a cabo este proceso. Considera que esta falta de información es inaceptable y reclama una mayor planificación, coordinación y financiamiento por parte del Gobierno central.

Además, Gómez del Río señaló que las acciones consideradas "unilaterales" por el Gobierno actual están siendo impugnadas en los tribunales por once comunidades autónomas, evidenciando el creciente descontento regional con las decisiones que afectan a los menores migrantes. A pesar de esto, se prevé que el traslado comience a finales del verano.

“Queremos ofrecer la mejor protección a estos menores, pero creemos que este no es el mejor enfoque”, concluyó la consejera, haciendo hincapié en la necesidad de atención integral que requiere esta población vulnerable, que incluye necesidades educativas, sanitarias y de atención a sus necesidades básicas.

Las declaraciones fueron hechas durante una visita al Albergue Gerardo Diego en Solórzano, donde la consejera pudo observar de primera mano las condiciones y necesidades de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.