En Santander, el pasado viernes 24 de mayo, Cáritas Cantabria despidió a ocho empleados de manera repentina, entre ellos una cocinera y siete técnicos de programas que atendían a más de 200 usuarios.

Los despidos fueron justificados por la entidad debido a problemas económicos, los cuales el sindicato UGT relaciona con una mala gestión por parte del nuevo equipo directivo. Por tal motivo, han solicitado una reunión con el obispo Arturo Ros, quien es presidente de Cáritas, con el objetivo de revertir esta situación.

Los despidos han sido denunciados por el secretario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria, José Giraldez, la delegada de FESCMC-UGT en Cáritas, Natalia Fronceda, y uno de los trabajadores afectados, Eduardo Fernández, durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes todos los afectados.

Giraldez ha criticado la gestión de la entidad desde la llegada del nuevo equipo directivo en 2022, mientras que Fronceda ha mostrado su preocupación por la forma fría en la que se llevaron a cabo los despidos, especialmente teniendo en cuenta que algunos de los trabajadores despedidos tenían más de 15 años de antigüedad en Cáritas.

Según Fronceda, los despidos se justificaron por causas económicas relacionadas con las pérdidas acumuladas por la entidad desde 2021, principalmente el déficit del 2023.

La sindicalista ha expresado su descontento por la incertidumbre y angustia que esta situación ha generado entre los trabajadores, quienes se sienten responsables del déficit presupuestario a pesar de que existen otras causas que podrían haber sido evitadas.

En ese sentido, Fronceda ha mencionado gastos considerados innecesarios para una entidad como Cáritas, como la contratación de un vigilante de seguridad, la instalación de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento, y la contratación de consultoras externas.

Además, se ha denunciado que la entidad rechazó subvenciones necesarias para la sostenibilidad de los proyectos y que aumentó de manera sustancial la plantilla de trabajadores desde 2022, lo que resultó en un incremento significativo en los gastos de personal.

Los sindicalistas han criticado este aumento de la plantilla, que consideran una violación al criterio de no incrementar el número de empleados contratados para garantizar la sostenibilidad de la entidad.

Por otro lado, Fronceda ha lamentado la eliminación de tres programas que generaban cinco puestos de trabajo y contaban con financiación pública, afectando a más de 200 mil euros previamente aprobados por el ICASS.

Estos programas se encargaban de proporcionar apoyo escolar, tiempo libre y seguimiento educativo a menores en situación de vulnerabilidad, quienes ahora se han quedado sin este importante recurso.

Además de los técnicos despedidos, también fue cesada la cocinera del programa 'Sin hogar', quien preparaba comidas y cenas diarias para personas en situación de calle.

Los despidos ocurrieron de manera abrupta, sin previo aviso ni diálogo con los trabajadores, causando sorpresa y desconcierto entre los afectados al no permitirles siquiera despedirse de los usuarios y voluntarios con los que trabajaban diariamente.

En medio de esta situación, Eduardo Fernández ofreció un mensaje de agradecimiento y cariño a todos los involucrados en los proyectos, a pesar de no haber tenido la oportunidad de despedirse como hubiera deseado.

Ante esta crisis, Fronceda ha instado al diálogo entre el obispo Arturo Ros y los representantes de los trabajadores con el fin de encontrar soluciones a esta situación y escuchar las demandas legítimas del personal despedido.

Tras numerosos intentos de diálogo frustrados con el equipo directivo, se mantiene la solicitud de una reunión con el obispo para revertir esta situación que ha dejado a varios trabajadores en precarias condiciones laborales.