En las últimas conversaciones entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, se ha evidenciado que ambos grupos están más alineados que nunca. Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo persiste debido a la exigencia de la Consejería de contar con un presupuesto autonómico aprobado antes de implementar cualquier mejora salarial.

En el encuentro celebrado, que marcó la novena ronda de negociaciones, las partes lograron avances significativos en los términos económicos y detalles específicos. Sin embargo, el obstáculo principal radica en la insistencia de la administración de que cualquier acuerdo queda sujeto a la condición de que se formalicen los Presupuestos, un punto que continúa generando tensión en las discusiones.

Además, se plantearon propuestas relevantes en el ámbito salarial. La Consejería aceptó reducir a 150 las horas requeridas para acceder a cada sexenio, un cambio importante que se suma a la propuesta de adelantar al septiembre de 2026 el pago del primer sexenio, aumentando su importe en 25 euros. Estas medidas se enmarcan dentro de un compromiso más amplio que ya ha sido discutido en reuniones previas.

Las propuestas anteriores también incluían un incremento de 180,23 euros mensuales durante cinco años y un aumento adicional relacionado con la progresión en la carrera profesional vinculada a los sexenios. Según las afirmaciones de los representantes sindicales, estos cambios posicionarían a los docentes cántabros como los mejor remunerados a nivel nacional en comunidades de Régimen Común.

El consejero de Educación destacó que las propuestas mejoradas no han sido suficientes para cerrar un acuerdo y afirmó que la necesidad de incluir la aprobación del presupuesto en el documento es un enfoque casi realista. Para él, la implementación de una mejora salarial de esta magnitud requiere asegurarse de que hay recursos disponibles.

Por su parte, la Junta Docente ha manifestado que esta condición supera el ámbito de negociación de los sindicatos, puesto que depende de decisiones políticas en el Parlamento. Argumentan que esta exigencia no se ha planteado en acuerdos anteriores en otros sectores, lo que genera inquietud y desconfianza acerca de su incorporación en este caso.

Ante esta situación, los sindicatos han criticado abiertamente la postura del consejero Silva, acusándolo de anteponer intereses políticos al bienestar de la educación y de los docentes, lo que ha culminado en la falta de un acuerdo significativo hasta el momento.