La situación económica en Cantabria ha llevado al Gobierno regional a reconocer la posibilidad de incumplir la regla de gasto, aunque se ha enfatizado que este riesgo podría verse mitigado si el Estado proporciona fondos específicos una vez que se aprueben los presupuestos. Esta declaración pone de relieve la incertidumbre que existe en torno a las finanzas autonómicas y la dependencia de la comunidad con respecto a las decisiones del Gobierno central.

En un contexto donde el desarrollo de energías renovables cobra protagonismo, el Consejo de Ministros planea autorizaciones clave para proyectos como el parque eólico Bustatur, que generará 41,6 megavatios. Este proyecto, impulsado por Green Capital Power, se localiza entre Cantabria y Burgos, y marca un paso adelante en la transición energética que está siendo promovida a nivel nacional.

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, ha informado sobre este y otros proyectos, revelando que la comunidad tiene otros seis en proceso de tramitación que ya cuentan con la luz verde para su construcción. En conjunto, estos proyectos suman una capacidad total de 426,3 megavatios, aunque el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria establece un máximo de 700 MW. Esto significa que aún hay margen para que otros proyectos puedan desarrollarse, siempre que los actuales obtengan la autorización necesaria para su explotación.

Arasti ha indicado que, a pesar de que los promotores han presentado propuestas que superan los 1.344 MW, solo una fracción de esta potencia se concretará, lo cual implica que solo los proyectos más viables y respetuosos con el medio ambiente verán la luz. Este enfoque recalca la intención del Gobierno regional de priorizar no solo la generación de energía, sino también la preservación de los recursos naturales y el paisaje cántabro.

En respuesta a una interpelación del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el consejero afirmó que se debe cumplir estrictamente la ley en la instalación de parques eólicos, enfatizando que esto asegurará que estos desarrollos se lleven a cabo en lugares apropiados. Sin embargo, los regionalistas han expresado sus preocupaciones sobre el proyecto Corus, que afectaría significativamente a varios municipios. Han argumentado que este proyecto tendría un impacto severo sobre el suelo y el paisaje local, y han solicitado una posición clara por parte del Gobierno.

El diputado Pedro Hernando del PRC criticó la altura de los aerogeneradores proyectados, que llegarían a medir 200 metros, comparando sus dimensiones con estructuras emblemáticas como un avión Airbus. Esto ha generado escepticismo entre los ciudadanos, quienes esperan más transparencia y participación en las decisiones que afectan su entorno directo.

Frente a estas acusaciones, Arasti reiteró su postura pro-renovables, siempre y cuando se respeten las normativas vigentes. Además, sobre el estado actual del proyecto Corus, destacó que se encuentra en una fase preliminar sin un proyecto formal aprobado, esperando que el estudio de impacto ambiental continúe su curso de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Además de los desafíos en materia de sostenibilidad, en el ámbito económico, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, fue cuestionado sobre el potencial incumplimiento de la regla de gasto para 2025, una preocupación planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Agüeros reconoció la existencia de riesgos, pero enfatizó que esta situación está intrínsecamente ligada a la falta de presupuestos para ese año y al desconocimiento de las asignaciones concretas para Cantabria.

El consejero aseguró que, aunque existe este riesgo de incumplimiento, se prevé que se disminuya si el Estado proporciona cantidades específicas para optimizar los gastos regionales. Ejemplificó esta afirmación con la inversión programada en La Pasiega, a la cual se espera que se le sume financiamiento del Gobierno central.

Finalmente, Agüeros resaltó que la nueva regla de gasto otorga cierta flexibilidad para manejar los desequilibrios financieros a lo largo de un periodo trienal. Esto significa que un incumplimiento en un año particular no necesariamente desencadenará sanciones automáticas, ya que se establecerán mecanismos de compensación en años posteriores. A su vez, advirtió que este problema no es exclusivo de Cantabria, ya que afecta a todas las comunidades autónomas y también al Estado en su conjunto.