El Gobierno cántabro ha anunciado que seguirá las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para reducir el número de organismos autónomos en la región. El primero en ser afectado será el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que pasará a convertirse en una dirección general sin que sus competencias se vean afectadas. El consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha afirmado que esta medida es solo el comienzo, ya que aún quedan otros cuatro organismos que se deben reducir. El objetivo es cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y la AIReF.

Agüeros ha explicado que, a pesar de la reducción de organismos autónomos, el Gobierno cántabro también está trabajando en la rebaja de impuestos y la mejora de los servicios. Sin embargo, la oposición ha mostrado su escepticismo ante la viabilidad de estas propuestas. Tanto el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han cuestionado la rebaja de impuestos y han pedido que se tengan en cuenta las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea para evitar reducciones de ingresos e incrementos de gasto.

Agüeros ha asegurado que la elaboración de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2024 se está haciendo con prudencia y teniendo en cuenta la reducción de la deuda. Aunque reconoce que la situación económica que han heredado no es mala, se compromete a no dejar una deuda elevada al próximo Gobierno. Además, ha anunciado que la reforma fiscal afectará a la mayoría de los contribuyentes y que se están estudiando medidas para reducir la carga fiscal en los municipios rurales.

La presidenta María José Sáenz de Buruaga presentará públicamente esta reforma fiscal, lo cual ha generado críticas por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes consideran que primero debería haberse presentado al Parlamento. Otro tema de debate ha sido la reforma de la financiación autonómica a nivel nacional, a lo que el consejero ha confirmado que se defenderá el reparto basado en el coste real de los servicios y no en función de la cantidad de población.

El Gobierno también se ha comprometido a informar trimestralmente al Parlamento sobre la ejecución de los fondos europeos y ha anunciado la creación de una web para que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real esta información. Además, se han establecido como objetivos simplificar los trámites para los contribuyentes, reducir el fraude fiscal y actualizar la web del Instituto Cántabro de Estadística para hacerla más accesible.

La oposición ha mostrado su escepticismo ante la posibilidad de cumplir todos los objetivos planteados por el Gobierno, debido a la intención de reducir la deuda, bajar impuestos y mejorar los servicios públicos. Tanto el PRC como el PSOE han cuestionado la carrera por la baja de impuestos que se está llevando a cabo en algunas comunidades y han criticado el número de altos cargos nombrados por el Gobierno actual. Por su parte, Vox ha pedido un mayor control en la ejecución de los fondos europeos.

En respuesta a las críticas, el diputado del Partido Popular (PP) ha defendido la necesidad de una presión fiscal justa y la reducción de impuestos en la medida de lo posible, sin que esto afecte a la calidad de los servicios públicos.