24h Cantabria.

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"El juez niega la reincorporación temporal al funcionario de Obras Públicas investigado en el escándalo"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha rechazado la solicitud de medida cautelar presentada por el funcionario de Obras Públicas investigado en el caso de presunto fraude en contrataciones, Miguel Ángel Díez. Dicha medida buscaba su reincorporación provisional a sus funciones mientras se resuelve el recurso que ha presentado contra la decisión de la Consejería de suspenderlo.

En un auto dado a conocer hoy, la magistrada ha denegado dicha medida, manteniendo al funcionario suspendido de su trabajo hasta la celebración de la vista en noviembre y la posterior sentencia que determinará la legalidad de la decisión de la Consejería.

La representación legal de Díez alegó que la suspensión le causaba un daño económico debido a la diferencia salarial entre su retribución básica y lo que percibía como jefe del Servicio de Carreteras en comisión de servicios. Sin embargo, la magistrada considera que dicho perjuicio sería reparable en caso de que las pretensiones del funcionario prosperaran, ya que los daños económicos serían indemnizables.

Además, la magistrada señala que no se ha demostrado una incapacidad para hacer frente a las cargas familiares, ya que la Consejería ha abonado las nóminas correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y el Juzgado que instruye la causa penal autorizó a su esposa a extraer el importe que el recurrente percibía antes de ser detenido.

En cuanto a los supuestos daños en la esfera profesional y moral, la magistrada argumenta que no han sido acreditados y que, de existir, serían indemnizables. Además, destaca que la imposibilidad de ejercer su actividad profesional se debe a su ingreso en prisión provisional.

La jueza tampoco comparte la afirmación de que la incorporación cautelar del funcionario no produciría una perturbación grave de los intereses generales. Según la magistrada, en la valoración de intereses en conflicto, el interés general de mantener la suspensión de funciones debe prevalecer sobre el del recurrente.

La magistrada recuerda que el Juzgado de Instrucción valoró la suspensión provisional de funciones como una de las circunstancias que eliminaron el riesgo de reiteración delictiva y justificaron la libertad provisional del investigado.

En resumen, el auto concluye que no se cumplen los requisitos para adoptar la medida cautelar, pero esta decisión puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Miguel Ángel Díez, jefe de servicio de carreteras de la Consejería en el momento de su detención en febrero, ingresó en prisión tras ser detenido junto con su mujer, sus dos hijas y responsables de cinco empresas adjudicatarias de contratos de la administración. Sin embargo, el funcionario fue puesto en libertad provisional en septiembre.