El Parlamento de Cantabria reclama mayores recursos en la lucha contra la violencia de género, desestimando el respaldo de Vox.
El Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley para destinar más fondos a la prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas, pero no ha contado con el apoyo de Vox. El PRC ha sido el grupo que ha llevado la iniciativa a la Cámara, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se han incluido propuestas del PP para complementar la iniciativa.
La propuesta busca garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad y los vinculados al Pacto de Estado contra la violencia de género, así como destinar recursos suficientes en los presupuestos de Cantabria para la protección y asistencia a las víctimas. También se busca mantener el seguimiento de protocolos de actuación y reforzar la formación de los profesionales encargados de la asistencia a las víctimas.
PP, PRC y PSOE han respaldado la iniciativa, destacando que los casos de violencia de género continúan aumentando en Cantabria. Según los datos, las denuncias han incrementado un 8,6% este año y el número de víctimas un 2,3%. Sin embargo, Vox ha votado en contra, argumentando que la violencia no es cuestión de género y que los fondos invertidos en medidas de este tipo no han funcionado.
En relación a otra iniciativa presentada por el PSOE para aumentar las inversiones en la estación de esquí de Alto Campoo, el Pleno ha rechazado la propuesta con el voto en contra de PP y Vox. El PP ha argumentado que la propuesta no era necesaria, ya que están de acuerdo con la mayoría de las cuestiones planteadas por el PSOE.
Por otro lado, Vox ha presentado una iniciativa para que los ayuntamientos bonifiquen el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por PSOE y PRC, con la abstención del PP. Vox considera que esta medida es necesaria para minimizar el impacto de la okupación ilegal, mientras que el PP argumenta que la propuesta podría generar efectos indeseados y que la solución al problema pasa por modificar las leyes existentes.