El PP pretende modificar Reglamento del Pleno de Santander, pero busca hacerlo de manera cuidadosa.

El PP pretende modificar Reglamento del Pleno de Santander, pero busca hacerlo de manera cuidadosa.

SANTANDER, 26 Oct.

El Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander, ha asegurado este jueves que modificará el Reglamento del Pleno pero "no de cualquier manera", sino conforme a los informes técnicos y jurídicos.

Así lo ha afirmado este jueves en el Pleno la concejala de Medio Ambiente y portavoz popular, Margarita Rojo, en el debate que ha llevado a desestimar, con el voto de este grupo, la recusación de siete concejales del PP --solicitada por PSOE, IU-Podemos y Vox-- en el acuerdo contra la creación de la comisión de investigación del contrato de las basuras, en base a un informe jurídico municipal que considera que no tienen un "interés personal directo" que motive su abstención en este asunto sino un "interés político".

De este modo, el Ayuntamiento se allanará en el recurso judicial para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación como la de basuras.

Los citados grupos de la oposición han reiterado este jueves el "interés personal" de los concejales populares en la votación, así como la necesidad de crear la comisión de investigación de basuras. Vox ha ido más allá al anunciar que, ante lo que considera "irregularidades", se reserva acometer acciones judiciales.

Mientras, el PP ha insistido en que no existe ese interés personal, que el equipo de Gobierno actúa "siempre" con el respaldo de informes técnicos, así como en la "transparencia" durante todo el proceso que llevó a la rescisión del contrato.

Tanto PSOE como Vox han coincidido en que existe una cuestión personal en la demanda del PP y por lo tanto, "también ese interés en el allanamiento" puesto que "del resultado de las comisiones de investigación pudieran dar lugar a responsabilidades penales contra los concejales ahora recusados"; y además, en que los ediles del PP tienen una "cuestión litigiosa pendiente", y por tanto, un "interés directo y personal en la desestimación" del procedimiento judicial y en el allanamiento. Se trata de los dos supuestos que recoge el Reglamento del Pleno para fundamentar la abstención de los concejales.

Para el portavoz socialista, Daniel Fernández, el día hoy "no es más que el último capítulo de la gran cacicada que ha perpetrado el Partido Popular para evitar que haya comisiones de investigación con el único interés de ocultar a los santanderinos la verdad sobre el contrato de las basuras". "Si es verdad que no tienen ningún inconveniente en crear comisiones de investigación, inicien una reforma del reglamento para incorporar las comisiones de investigación", ha emplazado.

En un sentido parecido, su homólogo del PRC, Felipe Piña, "la única intención" que se tiene con este allanamiento es "negar a los santanderinos su derecho a conocer qué ha ocurrido con el contrato de basuras", lo que ha calificado de "cacicada jurídica y triquiñuela legal de una gravedad inmensa", que evidencia la "falta de transparencia" del PP, al que ha pedido que deje "de tratar de arruinar a los santanderinos y asuman de una vez por todas que han perdido esta batalla judicial" con la UTE adjudicataria del anterior contrato.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, ha reclamado una comisión de investigación para "aclarar" la responsabilidades políticas de la "maraña" del contrato de basuras.

La alcaldesa, Gema Igual, ha subrayado que "no a lugar un pleito porque ese pleito nunca debía de haber existido; y no a lugar a continuar y sí a allanarse porque desde el principio sabíamos que era absurdo". En este sentido, ha defendido que la única intención de la oposición para, "a las bravas", querer cambiar la ley para celebrar una comisión de investigación era crear "un circo político" para "debilitar al PP" en las elecciones municipales del pasado mayo.

"Creo enormemente en la colaboración público-privada, pero también que el Ayuntamiento debe de llevar un control de las empresas con quien tiene contratados servicios. Y si ese control nos hace, por primera vez, dejar sin efecto un contrato, lo haremos con la responsabilidad y la valentía que eso conlleva, pero con el paso firme y también con los procedimientos legales bien explicados. Y nosotros jamás los explicaremos en boca de un empresario", ha subrayado.

Una afirmación esta última en la que se ha dado por aludido el portavoz regionalista, a la que se ha referido en dos puntos posteriores del Pleno, reiterando que él no está "al servicio de ningún empresario", lo que ha considerado "una afirmación muy grave" por parte de la alcaldesa, de la que ha dicho que le "sorprende" su actitud.

Igual le ha replicado que ella ha "hablado en genérico" y no le ha citado. "Otra cosa es que se dé por aludido" y eso "no es mi problema", ha zanjado.

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