En la reunión ordinaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), se aprobó por unanimidad la suscripción del comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales en relación al documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, expresando su "rechazo" a las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias.

Según el comunicado, el acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de realizar comisiones de investigación parlamentarias para evaluar si existe judicialización de la política y las posibles acciones de responsabilidad o cambios legislativos que esto podría conllevar.

En opinión de las asociaciones judiciales, esto podría suponer una intromisión en la independencia judicial y una ruptura de la separación de poderes, ya que los jueces deben estar sujetos únicamente al imperio de la ley, tal y como establece el artículo 117.1 de la Constitución.

Consideran que estas expresiones, al traslucir cierta desconfianza en el funcionamiento del poder judicial, no son aceptables. En España, el poder judicial es independiente y no se somete a presiones políticas, además cuenta con un sistema de garantías jurisdiccionales para evitar los riesgos que se plantean.

Además de suscribir el comunicado, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha adherido a los pronunciamientos realizados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Asociación de Fiscales, Jueces decanos y Presidentes de Audiencias Provinciales, Letrados de la Administración de Justicia, Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid y Colegio de la Abogacía de Cantabria durante la mencionada reunión.