El 22 de septiembre, Santander fue escenario de un significativo avance legislativo cuando el Parlamento de Cantabria llevó a cabo su primera sesión del periodo y aprobó una moción crucial. La propuesta, emanada del grupo socialista, demanda al Gobierno regional liderado por el PP que inicie la demolición de la Residencia Cantabria "lo antes posible".

Esta iniciativa, que también recibió una enmienda del partido regionalista, contó con el apoyo unánime de la oposición, que abarca a partidos como el PRC, PSOE y Vox. En contraposición, los miembros del PP y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, se manifestaron en desacuerdo.

Además de solicitar el inicio de los trabajos de demolición, la moción demanda que se asegure el reubicamiento de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y del IDIVAL, así como que se establezca un lugar adecuado para el almacenamiento seguro de residuos con amianto en la región.

El diputado socialista Raúl Pesquera, en su defensa de la moción, criticó abiertamente al Gobierno por sus promesas incumplidas de iniciar la demolición durante el verano, enfatizando que "nadie sabe nada" sobre el proceso ni sobre los planes futuros para el Parque Científico y Tecnológico de la Salud, que se proyecta para los terrenos de la Residencia.

Pesquera también cuestionó la falta de información sobre el grupo de expertos convocado por el consejero de Salud, César Pascual (PP), insinuando que la propuesta de crear una fundación privada para gestionar este proyecto podría estar motivada por intereses económicos poco claros.

En cuanto a los temas medioambientales, el diputado exigió que la retirada del amianto se realice bajo estrictas normas de seguridad, subrayando la importancia de proteger a la población de potenciales riesgos.

La diputada regionalista Paula Fernández se unió a las críticas, destacando la "falta de transparencia" del Gobierno respecto a este proyecto que, nominándola de histórica, también corre el riesgo de quedar relegada a un mero apunte en la historia si no se actúa con prontitud.

Por su parte, la representante de Vox, Natividad Pérez, describió la moción como una necesaria advertencia al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones. En su intervención, demandó acción en un momento que ha sido visto como una parálisis por parte del Ejecutivo, insistiendo en la urgencia de avanzar en un proyecto fundamental para el futuro de Cantabria.

Desde la bancada del PP, Miguel Ángel Vargas respondió a las críticas, descalificando la moción como "humo" y "falsedades" que desvían la atención de lo que él considera aspectos fundamentales, como la adecuada planificación de recursos sanitarios. Afirmó que la demolición está en marcha y que se están tomando medidas inmediatas para realojar a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud, destacando que no es necesario mover al personal del IDIVAL.

En el contexto de la gestión de residuos de amianto, Vargas acusó a la oposición de causar pánico entre la población al solicitar información sobre el centro de amianto en Castañeda, caracterizando sus acciones como un intento de sembrar temor sobre un proyecto que considera seguro.