El Ayuntamiento de Santander ha dado un paso significativo al aprobar de manera preliminar una nueva normativa fiscal que regula el servicio de gestión de residuos, comúnmente conocido como el "tasazo". Esta decisión, que ha recibido únicamente el apoyo del Partido Popular, implica un aumento medio de 27,62 euros al año para las familias, según lo informado por el propio equipo de Gobierno.

Este cambio normativo, que fue objeto de debate y votación en el Pleno del Ayuntamiento, ha generado posiciones encontradas entre los diferentes grupos políticos. Mientras el PSOE e Izquierda Unida se abstuvieron, partidos como el PRC y Vox mostraron su desacuerdo. La nueva regulación establece una tasa específica destinada a la recogida de basuras, la cual se implementará el 1 de enero de 2026, en cumplimiento de la Ley nacional 7/2022, que busca fomentar una economía circular y reducir la generación de residuos.

La ordenanza diferenciada ofrecerá tarifas graduadas que varían según el tipo de uso del inmueble (residencial o no residencial), así como en función del número de personas empadronadas o la actividad económica asociada. Además, se contemplan bonificaciones dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad y aquellos que demuestren un compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Una vez aprobada esta normativa de forma inicial, el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, lo que permitirá abrir un periodo para la exposición pública antes de su validación definitiva por parte del Ayuntamiento.

En relación con el texto legislativo, se han presentado un total de 37 enmiendas por diversos grupos políticos, de las cuales se han integrado solo dos de Vox, mientras que las demás fueron rechazadas por considerarse que ya estaban abordadas o por no ajustarse a los cálculos previos realizados por la Universidad de Cantabria. Margarita Rojo, concejala de Medio Ambiente del PP, subrayó que la propuesta se sustenta en un estudio técnico encargado a dicha universidad para asegurar que la tasa sea acorde a las realidades del municipio.

Rojo defendió que la introducción de esta tasa no es meramente una decisión del gobierno municipal, sino una obligación impuesta por la legislación estatal que requiere que todos los municipios financien la recolección y el tratamiento de residuos. Destacó que este asunto refleja una demanda del Gobierno de España que busca garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos urbanos.

No obstante, insistió en que el Ayuntamiento de Santander ha optado por un modelo que se distancia de otros existentes, cuyas tarifas se han ajustado en función de las necesidades del municipio. Actualmente, el costo del servicio de recogida de residuos es de 101,86 euros por año, cifras que, según los cálculos, ascenderán a 129,54 euros en 2026, significando un aumento anual que las familias deberán asumir.

La concejala del PP admitió que la nueva tasa supone un desafío económico adicional para los ciudadanos, pero también apuntó que el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo contrato para el servicio de limpieza que permitirá mejorar las condiciones de reciclaje y la equidad en la aplicación de esta tasa, la cual es susceptible de ser revisada en el futuro.

Desde la oposición, la concejala socialista Paz de la Cuesta criticó que la ordenanza no cumpla con el principio de que "quien contamina, paga", argumentando que la carga económica no se distribuye equitativamente entre los generadores de residuos. Además, expresó que los criterios para establecer la tasa son insuficientes y denunció que se está dando a entender que el objetivo principal es la recaudación.

A pesar de sus reservas, De la Cuesta aclaró que el PSOE no se opondría al progreso y, aunque consideraba que la normativa requiere mejoras significativas, su grupo se abstuvo en la votación. Por su parte, Vox, a través de Laura Velasco, rechazó el término "basurazo", calificándolo como un nuevo impuesto que agrava el descontento ciudadano, argumentando que el PP intenta culpar a otros por una responsabilidad que, según ellos, ellos mismos ayudaron a generar.

Velasco también lamentó que el impulso hacia la economía circular, que inicialmente apoyaron ambos partidos, se tradujera en una carga adicional para la ciudadanía y advirtió sobre un futuro donde cada acción cotidiana pudiera estar sujeta a un coste. Por su parte, el portavoz del PRC, Felipe Piña, expresó su sorpresa al ver que ninguna de sus enmiendas fue aceptada, a pesar de que incluían propuestas que consideraba razonables.

Piña criticó que se eligió la opción más perjudicial para los ciudadanos, asegurando que la normativa resultante es más cómoda para el gobierno, pero carece de la justicia necesaria frente a la realidad económica de los santanderinos.