El Gobierno de Cantabria ha decidido dar un paso firme en la defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados. En una reciente rueda de prensa, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, anunció la llegada inminente de un primer menor a la región, señalando que este joven procederá de Melilla y estará bajo la protección de las instalaciones ya activas en Cantabria.

Gómez del Río detalló que de los nueve menores que se acogerán en la comunidad, la mayoría proviene de Canarias, además de un par de ellos que vienen de Ceuta. La consejera enfatizó la relevancia de no adoptar una postura mínima al recibir a estos jóvenes, sino brindándoles un acompañamiento integral que incluya educación y salud, así como facilitar un plan de vida que promueva su integración real en la sociedad.

En cuanto a las alegaciones presentadas por el Gobierno regional ante el Estado, la consejera subrayó la falta de información esencial sobre los menores, lamentando que muchas veces los datos vitales que pueden influir en su atención no son proporcionados. Esto, según ella, es clave para desarrollar una intervención adecuada que responda a las necesidades particulares de cada menor, incluido su idioma, su historial escolar y sus experiencias traumáticas.

Gómez del Río también instó a una revaluación del enfoque del Gobierno español, argumentando que simplemente trasladar a menores entre comunidades no es una solución efectiva ni protege realmente a estos jóvenes. Esto lo comentó durante la presentación de la II Feria de los Mayores de Cantabria, reiterando la necesidad de abordar el problema de forma más profunda y responsable.

En otro ámbito de la misma sesión, el Consejo de Gobierno decidió iniciar un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Estado a garantizar la acogida inmediata de un menor que está bajo tutela de la Comunidad Autónoma y busca protección internacional. Este movimiento se alinea con la obligación del Ejecutivo regional de defender los derechos de todos los menores bajo su cuidado, asegurando que tengan acceso a los recursos estatales diseñados para solicitantes de asilo.

La consejería tomó esta medida después de que se agotaran las vías administrativas y al recibir una respuesta desfavorable el 15 de julio de 2025. El Servicio Jurídico de Cantabria ha considerado que es necesario llevar este asunto a la Justicia para proteger el interés superior del menor y reclamar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de asilo.

Además, el Consejo ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 743/2025, que regula la capacidad del sistema de protección para menores migrantes. La decisión se basa en un informe legal que identifica razones para cuestionar esta norma estatal, en vista de que se enmarca en un Real Decreto-ley que ya está siendo revisado por el Tribunal Constitucional por posibles sobrepasos en la competencia estatal.

El Gobierno de Cantabria ha reafirmado su compromiso de llevar a cabo una defensa robusta de sus competencias en la atención a menores, asegurando que cualquier normativa estatal se ajuste a la constitución y los principios de cooperación interadministrativa.