El 6 de mayo, Santander fue el escenario de una intensa declaración por parte del Gobierno de Cantabria, donde se desmintieron las acusaciones de haber solicitado la reubicación de 18 menores migrantes bajo su tutela. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, calificó de "polémica artificial e interesada" la controversia generada en torno a este tema, subrayando que la administración solo ha hecho un llamado a la Delegación del Gobierno para que evalúe la posibilidad de un proceso que determine el mejor interés de los menores.

En su intervención ante los medios, Gómez del Río se refirió a las recientes informaciones que sugerían que el Ejecutivo cántabro había solicitado la extradición de estos jóvenes, vinculado de manera errónea a su reunificación con familiares en sus países de origen. La consejera desmintió esta afirmación rotundamente, aclarando que su enfoque ha sido el de cumplir lo estipulado en la Ley de Extranjería, informando sobre aquellos menores que han manifestado tener lazos familiares en sus países de origen.

La funcionaria enfatizó que "el Gobierno de Cantabria no tiene la intención de expulsar a ningún menor extranjero no acompañado". Al contrario, su objetivo está centrado en brindarles protección y asegurar un ambiente adecuado para su desarrollo. "Cantabria es y será solidaria; nuestra misión es tratar a estos niños con la dignidad que merecen y la protección adecuada", afirmó Gómez del Río.

Además, Gómez del Río enfatizó que cualquier alegación sobre la apertura de expedientes de repatriación es "rotundamente falsa" e inviable, subrayando que tal competencia corresponde exclusivamente a la Delegación de Gobierno. "Lo único que hemos hecho es garantizar el bienestar superior de esos menores, cumpliendo con la legalidad vigente, y por eso hemos solicitado al Gobierno de España que recabe información sobre las circunstancias familiares de los menores a través de la representación diplomática", concluyó.