El tratamiento que el Gobierno de Sánchez otorga a los menores migrantes ha suscitado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo de Cantabria, que considera que estos jóvenes no acompañados son tratados como objetos y no como seres humanos con derechos.

El pasado 19 de septiembre, el Gobierno de Cantabria, dirigido por el Partido Popular, anunció su decisión de llevar ante el Tribunal Supremo un decreto que regula la distribución de menores migrantes provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla. Este paso se fundamenta en la preocupación por la posible vulneración de las competencias autonómicas y, lo más crítico, de los derechos fundamentales de los menores en cuestión.

Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, expresó su descontento con la gestión del presidente Pedro Sánchez: “El interés superior de los menores es lo último en la lista de prioridades del Gobierno, que los utiliza como mercancía en un juego político”, afirmó rotunda.

Durante una sesión informativa, Gómez del Río explicó que la decisión del Gobierno regional de impugnar el decreto se tomó tras la reunión semanal del gabinete, donde se autorizó la presentación de un recurso contencioso-administrativo antes de que expire el plazo el 23 de octubre. Esto se da en un contexto donde el decreto se apoya en un real decreto ley que ya ha sido impugnado por once comunidades autónomas, entre ellas Cantabria y Castilla-La Mancha.

La consejera subrayó que el decreto podría infringir varios artículos de la Constitución Española, y además, se han identificado “defectos” en su tramitación que podrían invalidar la norma de forma legal, a juicio del Consejo de Gobierno regional.

El recurso se fundamenta en el argumento de que la imposición de este decreto se aleja del adecuado tratamiento que se debería dar a los menores migrantes. Gómez del Río cuestionó la efectividad del enfoque actual, señalando que las carencias del sistema no contemplan elementos esenciales como la protección, la integración, la educación y la atención sanitaria de estos jóvenes. Críticamente, afirmó que el mecanismo actual parece haber sido elaborado sin tener en cuenta las capacidades reales de acogida de las distintas comunidades autónomas.

“Es inaceptable que el Gobierno central tome decisiones unilaterales, sin tener en cuenta las necesidades de los menores y de las comunidades afectadas”, insistió la consejera, resaltando que Cantabria está comprometida con la búsqueda del interés superior de los menores, a diferencia del Ejecutivo central que parece más enfocado en transacciones políticas.

Para terminar, Gómez del Río afirmó que el Gobierno de Cantabria no se quedará de brazos cruzados y continuará impugnando todas aquellas normativas que consideren inadecuadas para la protección de los menores migrantes.

Estas declaraciones fueron hechas en el marco de la presentación del evento ‘Encuentro ciudadano Salud y Fisioterapia’, subrayando la importancia de la integración social y la oferta de servicios adecuados para toda la ciudadanía.