El Gobierno de Cantabria ha dado un paso significativo al autorizar un presupuesto de 21,6 millones de euros destinado a impulsar la industria agroalimentaria en la región y otros 16 millones enfocados en ofrecer formación a los desempleados, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la economía local.

Este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, se acordó un techo de gasto para el año 2026 que asciende a un total de 3.506 millones de euros. Este objetivo se sitúa dentro de un marco estratégico que busca asegurar la estabilidad presupuestaria, cumpliendo así con las normativas vigentes de gasto.

Según las autoridades, el límite de gasto se ajusta a la meta de estabilidad presupuestaria, estableciendo un régimen de gasto que mantendrá el déficit por debajo del 3,3%. Este aumento representa un avance respecto al periodo 2025 y es crucial para la asignación de presupuestos futuros.

En el ámbito de la industria agroalimentaria, el Gobierno ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para proyectos que transformen y comercialicen productos agrícolas. Estas subvenciones, que suman 21,6 millones de euros, se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y están sustentadas tanto por Cantabria como por fondos europeos.

Las inversiones que se beneficiarán de dichas ayudas incluyen la renovación de infraestructuras, la compra de maquinaria, y el desarrollo de tecnología. Las pequeñas y medianas empresas podrán acceder a un apoyo del 35%, mientras que las más grandes contarán con un 25%. Los interesados tendrán hasta el 31 de marzo de 2027 para presentar sus solicitudes, y los proyectos deberán ser ejecutados entre 2027 y 2029.

El Gobierno destaca que estas ayudas están diseñadas para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, especialmente en áreas rurales, al promover inversiones que impulsen el desarrollo económico y social de la región. Las solicitudes se gestionarán a través de un sistema de concurrencia competitiva, garantizando una asignación justa de los recursos.

En relación a la formación profesional, el Ejecutivo ha destinado casi 16 millones de euros para programas de capacitación dirigidos a desempleados, dentro del marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esta iniciativa, financiada por el Estado y la comunidad autónoma, busca promover certificaciones en competencias clave, fortaleciendo así el empleo en el ámbito local.

Además, se ha establecido un convenio con UNEATLANTICO y el Centro de Investigación y Tecnología Industrial para proyectar y desarrollar la Formación Profesional en la comunidad. Este acuerdo, que abarca un periodo inicial de cinco años, está orientado a fortalecer las oportunidades laborales de grupos vulnerables, incluyendo jóvenes, desempleados de larga duración y personas con discapacidad.

Otro aspecto destacado es la firma de un acuerdo con la Fundación Vodafone, que permitirá implementar el programa 'Aventuras DigiCraft' en colegios públicos. Este programa se centra en la formación en bienestar digital e inteligencia artificial para docentes y alumnos de primaria, con la participación esperada de hasta 50 profesores durante el curso escolar 2025-2026.

En el área cultural, se ha aprobado la protección del Palacio y Torre de Bustamante, un monumento nacional que requiere medidas para su conservación y correcta interpretación como Bien de Interés Cultural, lo que refleja un compromiso por preservar el patrimonio histórico de Cantabria.

Por último, en el campo de la salud, se ha autorizado el uso de un nuevo software, SaGITario, que permitirá mejorar la gestión informatizada de la Incapacidad Temporal en la región, facilitando así la emisión y seguimiento de los partes médicos. Este contrato, con una duración de 24 meses y un coste de 241.059 euros, representa un avance significativo en la administración de servicios de salud en Cantabria.