El 28 de agosto, en Santander, se desató una serie de acusaciones entre el PSOE de Cantabria y el Gobierno regional liderado por María José Sáenz de Buruaga. Los socialistas han denunciado que la administración actual está poniendo en una situación precaria a los docentes de la comunidad, describiéndolos como "rehenes de su inestabilidad política".

Ainoa Quiñones, portavoz del PSOE, manifestó su preocupación en un comunicado tras la reunión fallida entre el consejero de Educación, Sergio Silva, y la Junta de Personal Docente. Este encuentro buscaba resolver la demanda de los sindicatos por una mejora salarial, pero terminó sin acuerdo, lo que garantiza la continuidad de la huelga iniciada al comienzo del curso escolar.

El principal obstáculo para alcanzar un consenso fue la inclusión de una cláusula que condiciona cualquier mejora salarial a la aprobación de los presupuestos públicos de 2026. Este planteamiento fue criticado por el PSOE, que lo considera un "chantaje" hacia los docentes, sugiriendo que refleja el temor del Partido Popular a no conseguir el respaldo necesario para sus presupuestos en Cantabria.

Históricamente, el PP ha logrado sacar adelante los presupuestos de los dos años anteriores gracias a la colaboración del PRC. Sin embargo, para el próximo ejercicio, este apoyo está supeditado a mejoras económicas para el profesorado, lo que añade una capa de incertidumbre en la política local.

Según Quiñones, "el PP ha mostrado sus cartas con claridad", resaltando su inquietud por que el PRC no apoye sus propuestas, lo que podría llevar a una dependencia de las exigencias de la extrema derecha para la aprobación del presupuesto. Esta situación fue denunciada por la portavoz del PSOE, quien la calificó de "inadmisible".

A pesar de que el Gobierno autonómico ha aceptado muchas de las demandas de la Junta de Personal, incluida la revisión salarial según el IPC, Quiñones sostiene que el acuerdo está condicionado por intereses políticos ajenos a la realidad educativa.

Por su parte, Verónica Samperio, secretaria de Educación del PSOE, también se sumó a las críticas, acusando al PP de utilizar a los docentes como instrumentos para cumplir sus ambiciones políticas. Para ella, la cláusula de condicionamiento es "un chantaje inaceptable", y ha hecho un llamado a la lucha en defensa de una educación digna y sin manipulaciones.

Samperio subrayó que "con el pan de la gente no se juega", expresando su descontento con la forma en que se está tratando el bienestar de la comunidad educativa. En sus declaraciones, enfatizó que el PP está menospreciando a los docentes y a toda la comunidad educativa, poniendo sus intereses políticos por encima de los derechos fundamentales.

Finalmente, Quiñones instó a los docentes y ciudadanos a participar activamente en la huelga programada, en protesta no solo por los derechos laborales y salariales, sino también por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que no deben ser utilizados como una moneda de cambio por ningún gobierno.