SANTANDER, 21 de agosto. El Partido Animalista PACMA ha expresado su profundo desacuerdo con el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria, presentando una serie de alegaciones en las que cuestiona una disposición que permitiría a los agentes del Medio Natural cazar no solo lobos, sino también “perros asilvestrados”, un acto que podría ser considerado un delito según la legislación vigente.

En un comunicado, PACMA ha detallado las “55 páginas” de argumentos y objeciones dirigidas al Gobierno regional acerca de la regulación de esta especie, que contempla la eliminación de ejemplares tras su reciente exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Para esta organización, los planes que se basan en la caza de lobos no solo resultan ineficaces para mitigar los daños en la ganadería, sino que, de hecho, podrían agravar la situación.

El Ejecutivo cántabro ha fijado un contingente de 41 cacerías, lo que equivale al 20% de la población de lobos en la región, de las cuales ya se han ejecutado 24, según datos actualizados por la Consejería de Desarrollo Rural este jueves. De estas, 21 son eliminaciones directas y se suman tres lobos más que han muerto como consecuencia de atropellos o enfermedades.

Previous reports del departamento encabezado por María Jesús Susinos indicaban que se registraron cinco cánidos fallecidos por estas causas, pero tras análisis biológicos se determinó que dos de ellos eran perros domésticos.

En sus alegaciones, PACMA sostiene que todo el esquema de gestión del lobo se fundamenta en un artículo "inconstitucional", concretamente el aprobado por el Congreso en marzo pasado como parte de la Ley contra el desperdicio alimentario, que resulta en la exclusión de las poblaciones de lobos al norte del río Duero del LESPRE.

Este artículo ha sido objeto de impugnación por parte del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, a lo que se unirá el Gobierno de Cantabria mediante un recurso para respaldar su estrategia de gestión.

El partido animalista también critica la "desfachatez" del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, quien propone pagos a los ganaderos por servicios ambientales. Además de las indemnizaciones por los "supuestos" daños causados por los lobos, el plan incluye subsidios para aquellos que contribuyan a la "conservación de la biodiversidad".

Desde PACMA consideran "ridículo e indignante" que se argumente que la ganadería favorezca la conservación de la biodiversidad, sobre todo en un documento que simultáneamente prevé la eliminación de lobos, esenciales para el equilibrio del ecosistema.

El partido también pone en tela de juicio las cifras proporcionadas por la administración, catalogando de "barbaridad" la estimación de casi 200 lobos en Cantabria (284 a 207), cuando especialistas apuntan a un promedio de 3,7 lobos por manada, en un total de 23 manadas confirmadas.

Además, se muestran escépticos con respecto al informe que sugiere un aumento del 12% en la población de lobos a nivel nacional y un 92% en Cantabria en la última década. Observan que, al relacionar los incidentes (560 en 2019-2020) con las eliminaciones (67 durante ese mismo periodo), los daños se incrementaron, a diferencia de las comunidades donde no se han cazado lobos, donde los daños disminuyeron.

“Cuanto más se elimina, más problemas de depredación se generan”, advierten, y critican la inexistencia o ineffectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno y los ganaderos de la región para prevenir los ataques a la ganadería.