La lucha por una mejora salarial para los docentes de Cantabria se encuentra en un momento crítico, tras la reciente reunión que tuvo lugar el miércoles entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente. A pesar de los intentos de diálogo, los representantes de los sindicatos han expresado su frustración, indicando que las negociaciones se encuentran estancadas.

El consejero de Educación, Sergio Silva, del Partido Popular, ha manifestado su disposición a encontrar un acuerdo, pero ha señalado que los sindicatos mostraron una "evasiva general" respecto a algunas cuestiones que fueron abordadas durante la reunión. Silva sostiene que su equipo está comprometido a resolver esta situación, aunque las posturas de ambas partes siguen lejos de un consenso.

A pesar de que la Consejería considera que el entendimiento está cerca, Jesús San Emeterio de UGT destaca que, en realidad, las diferencias entre la Administración y los sindicatos persisten casi sin cambios desde la reunión anterior. Silva presentó una propuesta que implicaría un coste de 35 millones de euros anuales, pero esto no fue suficiente para obtener el respaldo de los sindicatos.

La propuesta incluye un aumento salarial lineal de 180,23 euros mensuales, a ser implementado en un periodo de cinco años, así como un incremento adicional basado en la antigüedad. Sin embargo, los sindicatos han rechazado estos términos, catalogándolos de "indignantes" y "decepcionantes". Además, la propuesta de horas de formación necesarias para acceder a ciertos beneficios salariales también ha sido un punto de discordia.

Silva ha intentado avanzar en la conversaciones preguntando a los sindicatos sobre su disposición a firmar un acuerdo si la Consejería accedía a algunas de sus demandas. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta clara, lo que refuerza la idea de que los sindicatos están adoptando un enfoque cauteloso y analítico antes de comprometerse.

La falta de un acuerdo concreto ha llevado a la Junta a solicitar una nueva propuesta. Sin embargo, Silva no mostró disposición a elaborar un nuevo documento que incluyera las exigencias de los sindicatos, lo que ha llevado a un clima de descontento entre los representantes del profesorado.

Aún persisten "diferencias" significativas, según sostienen los sindicatos, quienes insisten en la necesidad de incluir cláusulas que ajusten las remuneraciones al índice de precios al consumidor, dado que la negociación abarca un periodo de cinco años. Además, exigen un esfuerzo adicional para garantizar que la relación entre la formación requerida y la compensación económica sea justa.

Al finalizar la reunión, no se estableció una nueva fecha para continuar las negociaciones. Silva, al ser cuestionado sobre la conveniencia de llevar a cabo estas discusiones en plena temporada estival, defendió que julio es un "mes hábil" para abordar estos temas. Sin embargo, se percibe una creciente tensión entre las partes, especialmente en relación a la necesidad de que cualquier acuerdo se ajuste a las realidades presupuestarias que enfrenta el Gobierno.

El consejero ha reiterado que es fundamental actuar con responsabilidad y previsión al tratar cuestiones tan delicadas como las subidas salariales. Silva argumenta que la cautela en este aspecto no debe interpretarse como un obstáculo, sino como una muestra de realismo ante la magnitud financiera que conllevaría la implementación de una mejora salarial significativa en el sector educativo.