En medio de un alarmante aumento de la violencia en las instituciones penitenciarias, los sindicatos han alzado su voz para exigir medidas urgentes que frenen esta crisis en los lugares de encierro. Según sus datos, en España se registra un ataque a los trabajadores de las prisiones cada 16 horas, lo que se traduce en más de mil agresiones reportadas en solo dos años.

Este martes, los empleados del centro penitenciario El Dueso, situado en Santoña, llevaron a cabo una manifestación frente a las puertas de la prisión en respuesta a la reciente y grave agresión que sufrió una funcionaria en el centro Sevilla II, en Morón. Esta trabajadora, psicóloga de la institución, fue víctima de un ataque físico y sexual durante una entrevista con un interno que, a pesar de su historial violento, se encontraba en un módulo que se consideraba “respetable”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organizadora de la protesta en colaboración con ACAIP-UGT, subraya que este agresión no es un caso aislado, sino parte de una serie de incidentes que han ido en aumento en los últimos años, afectando gravemente la seguridad de los empleados en el sistema penitenciario.

La manifestación en Santoña no es un hecho aislado; forma parte de un movimiento nacional que se ha convocado en todos los centros penitenciarios del país tras el alarmante suceso del 8 de julio en la prisión sevillana. Los sindicatos instan a los responsables del sistema a actuar de inmediato para abordar esta creciente problemática.

Entre las demandas expresadas por los sindicatos están la revisión de la clasificación de los internos, la evaluación de responsabilidades, la implementación de sistemas de emergencia más efectivos y el reconocimiento legal de los trabajadores penitenciarios como agentes de autoridad. Estas acciones son consideradas imperativas para mitigar el riesgo y proteger la integridad de quienes trabajan en estas difíciles condiciones.

Desde la perspectiva de los sindicatos, la serie de agresiones representa un alarmante deterioro del sistema penitenciario, consecuencia de políticas que priorizan la percepción estadística sobre la realidad de las condiciones en las que se encuentra la población reclusa, que ha ido en aumento.

“Permitir que esto continúe es normalizar una violencia institucional que atenta contra el derecho a un entorno laboral seguro. Esta lucha no es solo por el apoyo a una colega, sino por la defensa de la dignidad y la seguridad de todos los trabajadores del sector”, afirmaron los representantes sindicales.