En un movimiento notable hacia la equidad fiscal, el Gobierno de Cantabria ha revelado sus intenciones de introducir una serie de cambios en sus Presupuestos para 2026, que incluye medidas significativas principalmente dirigidas a apoyar a los grupos más vulnerables de la población. Esta estrategia propone, entre otras cosas, una reducción en la carga fiscal relacionada con la compraventa de viviendas y la ampliación de deducciones fiscales, especialmente para jóvenes con familias.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ofreció detalles sobre estas iniciativas durante su intervención en el Foro Económico organizado por El Diario Montañés. Según sus declaraciones, uno de los puntos clave será la disminución del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se aplicará a la compra de viviendas valoradas hasta 300.000 euros, extendiendo el tipo reducido del 7% a estas propiedades. Las viviendas que superen esta cifra, por el contrario, tributará al tipo del 9%.

Este enfoque marca un cambio en la política tributaria anterior, donde la compra de una vivienda debía tributar un 7% solo hasta un valor de 200.000 euros, generando así una oportunidad real para las familias jóvenes en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crítico.

La iniciativa también contempla un significativo avance en las deducciones del IRPF, extendiendo el beneficio a personas de hasta 40 años que tengan dos o más hijos. Asimismo, se prevé que la deducción por nacimiento o adopción se incremente hasta 1.600 euros para aquellos con un grado de discapacidad del 33% o superior.

Además, otro aspecto positivo de esta modificación fiscal es la ampliación de la deducción por ayuda doméstica destinada a hogares cuyos miembros tengan una discapacidad igual o superior al 65%. Esto refleja una clara toma de conciencia sobre las necesidades de apoyo en las familias con cargas diferenciadas.

Un punto destacado de este plan es la introducción de una nueva deducción específica para las personas que padecen enfermedades raras. Esta deducción será inclusive más amplia, sin límites de ingresos, permitiendo un alivio fiscal de hasta 1.000 euros en declaraciones individuales y 1.200 euros en caso de declaraciones conjuntas. Para aquellos diagnosticados con ELA, el monto podría llegar a 2.000 euros, lo que subraya la intención de la administración de prestar atención a situaciones de particular vulnerabilidad.

Estas propuestas, presentadas por Buruaga en un foro que invita a la reflexión económica, destacan un enfoque en la justicia social y el apoyo a quienes más lo necesitan, alineando las políticas fiscales con un claro compromiso hacia un desarrollo social inclusivo.