Este miércoles, en Cantabria, miles de trabajadores se han concentrado en varios centros laborales para expresar su rechazo a la política genocida implementada por Israel, en una jornada de protesta organizada por los sindicatos UGT y CCOO.

Las movilizaciones, que incluyeron un parón de dos horas en cada turno de trabajo, buscaron enfatizar la necesidad de una paz duradera y el reconocimiento internacional del Estado palestino, destacando la grave situación que se vive en la región y pidiendo un acceso inmediato a la ayuda humanitaria.

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, señalaron que las primeras protestas del turno de la mañana, de 10 a 12 horas, se instalaron en puntos estratégicos de toda la región, donde se denunciaron de manera contundente tanto "la ocupación ilegal" de Gaza y Cisjordania como las agresiones sistemáticas contra la población palestina.

En su manifiesto, UGT y CCOO instaron a la creación de un "Estado palestino viable, reconocido internacionalmente y con una paz permanente que sea verificable", reiterando la importancia de que cualquier proceso de reconstrucción en Gaza se fomente con el bienestar del pueblo palestino en primer lugar, en lugar de en beneficio de intereses externos.

Asimismo, el documento de reivindicación pide que se establezca un marco temporal claro para la gestión del territorio palestino y exige la retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados, así como la demolición de asentamientos ilegales.

Los sindicatos también han hecho hincapié en que es fundamental revisar y suspender las relaciones de cooperación entre la Unión Europea e Israel, además de solicitar acciones contundentes contra aquellas empresas que se benefician de la situación de ocupación en Cisjordania, así como una prohibición efectiva en la venta de armas a Israel.

Por último, tanto CCOO como UGT pidieron a las diferentes administraciones del Estado que implementen de manera urgente planes de cooperación hacia Palestina, al tiempo que exigen investigaciones exhaustivas y la rendición de cuentas de aquellos que han perpetrado crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, garantizando así la justicia y reparación a las víctimas.