En Santander, el pasado jueves, miles de educadores de Cantabria se hicieron escuchar en las calles, en el marco de una fuerte movilización por la mejora de sus condiciones salariales. La primera estimación oficial habla de unos 5.000 docentes, aunque los organizadores elevan esa cifra a 7.000, lo que subraya la magnitud del descontento en el sector educativo. Esta manifestación es la cuarta de una serie de protestas que han tenido lugar durante esta semana, todas ellas convocadas por los sindicatos que representan a la Junta de Personal Docente.
La tensión ha aumentado particularmente después de que la mesa de diálogo entre la Junta de Personal Docente y el consejero de Educación, Sergio Silva del Partido Popular, fracasara en su undécimo intento. En esta ocasión, el principal punto de controversia fue la conocida 'cláusula Silva', que condiciona cualquier aumento salarial a la existencia de un presupuesto específico. Los sindicatos han criticado esta imposición, argumentando que no se aplica a otros sectores públicos como el de la Sanidad, generando una sensación de desigualdad en la administración pública.
Con una gran pancarta que proclamaba 'En defensa de la educación pública', la manifestación comenzó a las 18:00 horas en la Plaza de Numancia. Los docentes recorrieron las calles de Burgos y el Paseo Pereda, deteniéndose en algunas ocasiones para llevar a cabo sentadas que expresaban su frustración. En el aire resonaron petardos, simbolizando el clamor de un sector que ya no aguanta más.
La marcha culminó frente a la sede del Gobierno regional, en Peña Herbosa, y concluyó en el Centro Cultural Doctor Madrazo, donde se dio lectura a un manifiesto. En él, los sindicatos advirtieron que su lucha por mejorar las condiciones laborales y garantizar una compensación justa no solo continúa, sino que entra en una nueva fase de unidad y determinación entre los docentes.
"Hoy no se cierra un capítulo, sino que comenzamos una nueva etapa en nuestra lucha", afirmaron enérgicamente los líderes de la manifestación, destacando la firmeza con la que piensan continuar su batalla por la dignificación de la profesión docente.
En el transcurso de la protesta, resonaron consignas contundentes como 'Somos docentes, no rehenes', 'Abajo las ratios, arriba los salarios', 'Ni un euro a la privada', y la que más fuerza cobró: 'Silva dimisión'. Estas frases reflejan el descontento profundo y la exigencia de un cambio radical en la política educativa de Cantabria.
A la salida del acto, la presidenta de la Junta Docente, Rus Trueba, declaró a los medios que la convocatoria de esta manifestación era una clara muestra del hartazgo entre los educadores, quienes demandan una negociación real y sin obstáculos. Asimismo, destacó las injusticias de la 'cláusula Silva', que consideran un trato discriminatorio hacia el colectivo docente en comparación con otros sectores públicos.
Trueba insistió en la importancia de reconocer el valor de la labor del profesorado y reiteró que llevan más de 17 años esperando una adecuación salarial justa. También mencionó otras cuestiones relevantes que están en la agenda, como la reducción de las ratios, la simplificación de la burocracia y la atención a la diversidad en las aulas.
La manifestación no solo atrajo a docentes, sino también a representantes políticos como el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y Paula Fernández, candidata a la presidencia regional por el PRC. Casares recalcó que la reciente ola de huelgas es un llamado a la reflexión para la presidenta regional, María José Saénz de Buruaga, subrayando que 'las cosas no pueden seguir así' y exigiendo un diálogo sincero para encontrar soluciones que beneficien a la educación pública.
Asimismo, Fernández se unió al reclamo de un acuerdo que garantice los derechos de los niños, de los educadores y de sus familias, exigiendo la eliminación de la polémica cláusula que ha generado tanto malestar.
Los sindicatos reportaron que la participación en la huelga de este jueves, que abarcó todos los niveles educativos, fue significativa, con una estimación inicial del 51.3%. Sin embargo, la Consejería de Educación ofreció cifras más bajas, reduciéndolo a un 34%. A pesar de esto, los organizadores agradecieron el apoyo recibido y recordaron que hay dos convocatorias diferenciadas para movilizar al profesorado, reflejando el compromiso colectivo hacia sus derechos y su futuro.
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