
SANTANDER, 24 de julio.
Este jueves, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha hecho pública una nueva directiva emanada de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, que establece los lineamientos para el desarrollo de los presupuestos generales de la comunidad para el año 2026.
En virtud de esta orden, los presupuestos de la comunidad autónoma se guiarán por los objetivos de la política económica vigente, asegurando que los ingresos y gastos se alineen con las exigencias de estabilidad presupuestaria, buscando un equilibrio que no sobrepase el 0% del PIB.
Las diferentes entidades del sector público de Cantabria participarán en un exhaustivo análisis del gasto, a fin de priorizar políticas en un contexto de incertidumbres geopolíticas y económicas que marcan la agenda actual.
Entre las áreas prioritarias para la asignación de recursos se incluye el robustecimiento de los servicios públicos esenciales, tales como Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Se trata de implementar políticas que aseguren la protección social de los grupos más vulnerables, mejorando el acceso universal a servicios sociales, garantizando una educación inclusiva y de calidad, así como un sistema sanitario que sea accesible y esté adecuadamente financiado y modernizado.
Además, se pondrá énfasis en el crecimiento económico y la creación de empleo, fomentando la confianza en el sector público y continuando con la simplificación administrativa, lo que facilitará un entorno propicio para atraer y mantener inversiones.
La propuesta también contempla un aumento en la inversión en I+D+i, estimulando la labor de investigadores en sectores clave como el agroalimentario, industrial y tecnológico. Esto incluirá el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones y transporte que conecte Cantabria con otras regiones.
Por otro lado, se busca promover el derecho a una vivienda digna, a través del aumento del parque público de viviendas tanto en venta como en alquiler a precios accesibles.
Estas líneas de gasto también se enmarcarán dentro de una política presupuestaria comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas.
Finalmente, se impulsará la ejecución de compromisos de financiación vinculados a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La orden estipula diferentes plazos para la presentación de la documentación requerida, siendo el 10 de noviembre la fecha límite para que cada centro gestor (consejerías, organismos autónomos y otros entes públicos autonómicos) envíe la memoria explicativa correspondiente al proyecto de presupuestos generales para 2026.
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