La comunidad de Cantabria está a punto de experimentar un cambio significativo en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) con la publicación, el jueves 25 de julio, de un nuevo decreto en el Boletín Oficial de Cantabria. Este decreto, que entrará en vigor inmediatamente, busca proporcionar un marco más estructurado para la gestión de este tipo de alojamientos en la región.

Entre los requisitos que deberán cumplir tanto las VUT ya existentes como las que aspiren a registrarse, se incluye la presentación de un informe de compatibilidad de uso, el cual debe ser emitido por los ayuntamientos. Además, se requiere que los propietarios adjunten una declaración responsable y garanticen contar con elementos de seguridad y comodidad, como detectores de humo, medidores de ruido, botiquines de primeros auxilios y material informativo sobre la zona turística.

Una de las innovaciones más destacadas del decreto es la ampliación de los beneficiarios que pueden gestionar una VUT. Ahora, tanto las personas jurídicas como aquellos que tengan derechos de uso sobre una vivienda podrán llevar a cabo esta actividad. Para ello, la nueva normativa exige no solo la mencionada declaración responsable, sino también la obtención de un certificado que verifique que la VUT es compatible con el planeamiento urbanístico local.

Los municipios desempeñarán un papel fundamental en este proceso, ya que serán los encargados de evaluar si una vivienda puede ser destinada a uso turístico. Esta evaluación se aplicará tanto a los inmuebles ya registrados como a aquellos que se encuentran en proceso de registro o que intenten inscribirse a partir de este fin de semana.

Es importante resaltar que las viviendas que ya funcionaban como VUT antes del 3 de abril, fecha de entrada en vigor de la nueva ley de propiedad horizontal que plantea esta obligación, no tendrán que obtener la aprobación de la comunidad de propietarios. Sin embargo, a partir de ahora, esto será obligatorio para todas las nuevas solicitudes.

Los gestores de las VUT tendrán un plazo de ocho meses para presentar toda la documentación requerida, así como para adaptar sus propiedades a los nuevos estándares, que incluyen la instalación de sistemas de seguridad adecuados y la provisión de información turística relevante.

Este decreto ofrece un marco regulatorio más claro, pero también otorga a las administraciones locales el poder de establecer restricciones adicionales, basadas en intereses generales. Esto podría incluir limitaciones en el número de VUT permitidas por edificio o en determinadas zonas del municipio.

Además, se ha establecido un horario para el funcionamiento de las VUT, que va desde las 15:00 horas del día de entrada hasta las 11:00 horas del día de salida, aunque las partes implicadas podrán acordar horarios diferentes. Para aquellos que operen fuera de estas directrices, se contempla un régimen sancionador severo, con multas que oscilan entre los 15,000 y 75,000 euros.