Isabel Urrutia, consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, ha respondido sobre el acuerdo judicial relacionado con la trama de Obras Públicas, resaltando que no se trató de una elección “política”, sino que se basó en criterios “técnico-jurídicos”. La Fiscalía impulsó esta propuesta, que fue acogida por el Gobierno como acusación particular, destacando la importancia de las pruebas y la situación del caso. La consejera enfatizó que uno de los principales objetivos era recuperar los 1,6 millones de euros que la administración había perdido debido a la adjudicación irregular de contratos.

Durante su intervención en el Parlamento, Urrutia destacó el extenso trabajo realizado por las letradas de los servicios jurídicos, quienes han dedicado más de dos años y han revisado una enorme cantidad de documentos, unos 30.000 folios, para construir la estrategia legal del Gobierno. Gracias al reciente acuerdo, el principal implicado ha confesado y deberá abandonar su puesto en la administración, mientras que se garantiza que el dinero reclamado será reintegrado a las arcas públicas una vez que haya una sentencia definitiva.

La consejera respondía así a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Leticia Díaz, quien cuestionó al Gobierno sobre la existencia de “prácticas colusorias y el reparto del mercado” en licitaciones públicas. Urrutia defendió que desde que el Partido Popular llegó al poder no ha habido ningún indicio de tales prácticas y defendió su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Urrutia comentó sobre un acuerdo reciente entre los implicados en la trama, que contempla penas de hasta siete años de prisión para el principal acusado, quien fue separado de su puesto tras su arresto. Otros implicados, entre los que se encuentran familiares y colegas del funcionario, también enfrentarán penas menores. La consejera subrayó que el reconocimiento de las prácticas irregulares por parte de los involucrados y el acuerdo con la Fiscalía demuestran el compromiso del Gobierno por esclarecer los hechos y reparar el daño causado.

Reiterando su defensa del enfoque “técnico-jurídico” del Gobierno, Urrutia mencionó el esfuerzo de las letradas que han trabajado intensamente en el caso, realizando un trabajo exhaustivo para salvaguardar el interés de la administración y reparar los daños provocados por las irregularidades. “Hemos logrado nuestras metas irrenunciables”, afirmó, refiriéndose a la recuperación de los fondos perdidos y a la eliminación de la corrupción de la administración pública.

Finalmente, Urrutia refutó las acusaciones de Vox, asegurando que el Partido Popular ha sido firme en su rechazo a cualquier forma de corrupción. Insistió en que las licitaciones actuales han atraído a empresas de fuera de la región, lo que indica un contexto de confianza en la gestión pública. Comparó los cambios en la cantidad de ofertas recibidas en licitaciones recientes con las épocas anteriores, evidenciando un notable aumento en la participación de empresas y una mejora en la transparencia del proceso.