Izquierda Unida ha hecho un llamado a la Fiscalía de Cantabria para que inicie una investigación respecto a las irregularidades en los tiempos de diagnóstico de mamografías en la región, donde cerca de 4.000 mujeres aún esperan sus resultados. La formación política considera que tales situaciones podrían constituir delitos relacionados con la imprudencia homicida por omisión, entre otros.

La agrupación argumenta que, a pesar de las negativas de la Consejería de Salud, liderada por César Pascual, los datos reflejan un problema estructural en la gestión de la sanidad que ha afectado a numerosas mujeres en Cantabria. Además, alertan sobre la posible pérdida de confianza del público en las instituciones sanitarias, lo que podría acarrear responsabilidades legales tanto administrativas como penales para los responsables de estas áreas en el gobierno regional.

Izquierda Unida sostiene que los retrasos en los diagnósticos podrían haber llevado a situaciones trágicas, como el fallecimiento de pacientes que no recibieron el seguimiento adecuado tras un diagnóstico tardío. También se plantea que estos retrasos podrían resultar en lesiones graves que, si se hubieran detectado a tiempo, habrían podido ser tratadas de forma menos agresiva y con mayores probabilidades de éxito.

Además, la organización política plantea la posibilidad de que existan delitos de omisión en la prestación de servicios sanitarios, dado que la Consejería de Salud sería directamente responsable de un daño potencial a la salud pública. También se insinúa la posibilidad de prevaricación si se demuestra que se tomaron decisiones lamentables con pleno conocimiento de las consecuencias, como no cubrir vacaciones o bajas críticas, o la falta de adecuación de recursos ante el aumento de pruebas.

Entre los mencionados como posibles implicados en esta situación se encuentran el propio consejero César Pascual, así como altos funcionarios de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud. IU también sugiere que la Fiscalía considere a miembros del personal de Radiología y de hospitales, así como a pacientes y asociaciones implicadas en el proceso, como testigos en la investigación.

Tras presentar la denuncia, Israel Ruiz Salmón, coordinador de IU en Cantabria, enfatizó la urgencia de la cuestión, subrayando que no se puede aceptar la simple palabra del consejero sobre la gestión de estos casos. “Estamos hablando de vidas, no de lesiones menores”, afirmó, recordando la seriedad de la situación que enfrentan miles de mujeres.

Ruiz Salmón criticó también al Gobierno por contemplar la privatización de servicios mientras reconoce la falta de personal y recursos necesarios para atender adecuadamente a la población. En este sentido, reclamó que la Fiscalía investigue a fondo y aclare los hechos.

A pesar de que el consejero ha indicato que las demoras en la obtención de resultados son de aproximadamente dos meses, IU sostiene que esta realidad es mucho más grave, con casos que incluso superan los seis meses de espera. La organización arremete contra la decisión de privatizar servicios públicos en un momento en que la red pública no puede ofrecer el servicio requerido.

Ruiz Salmón dejó claro que su intención al solicitar la investigación no es crear controversia, sino actuar ante una situación que consideran precisa de atención. Recordó que la última vez que acudieron a la Fiscalía por cuestiones de salud, se llegó a condenar a dos altos cargos. Con la esperanza de que la investigación determine que lo sucedido en otras regiones no está ocurriendo en Cantabria, reiteró su llamado a la acción.