En un desenlace significativo para la investigación de la trama de corrupción en las Carreteras de Cantabria, los acusados han aceptado su culpabilidad y pactado un acuerdo con el fiscal. Este acuerdo se alcanzó durante una audiencia que tuvo lugar el 11 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, donde se examinan los hechos que derivaron en la adjudicación irregular de contratos a varias empresas regionales por parte de un funcionario público.

El funcionario, considerado el líder de la red, enfrenta una pena de hasta siete años y un día de prisión, tras haber permanecido seis meses detenido y ser destituido de su cargo en la Consejería de Gestión de Infraestructuras. En esta causa, el resto de los implicados recibirán condenas de entre uno y dos años de cárcel, reflejando la gravedad de los delitos cometidos en el contexto administrativo.

Entre los cargos que se imputan al principal acusado se encuentran el fraude en la contratación, el cohecho y el blanqueo de capitales. Además, deberá hacer frente a una multa que supera el millón y medio de euros como consecuencia de sus acciones delictivas. Inicialmente, también se le había atribuido un cargo por prevaricación, lo que podría haber incrementado considerablemente su tiempo de encierro.

Durante la audiencia, los procesados decidieron no declarar, pero su aceptación de los hechos permitió avanzar hacia este acuerdo de conformidad. En este contexto, se han tomado en cuenta factores atenuantes como la confesión y la reparación del daño, ya que todos los acusados admitieron la veracidad de las acusaciones y se comprometieron a compensar al Gobierno de Cantabria por un daño económico que se cifra en más de 1,6 millones de euros.

En particular, la esposa del funcionario será condenada a un año y un día de prisión, junto con el pago de cerca de medio millón de euros, debido a su implicación en el blanqueo de capitales. Por su parte, otros procesados, que incluyen a representantes de diversas empresas implicadas en la trama, han acordado condenas de dos años de cárcel por el fraude y el cohecho, acompañadas de multas y restricciones en su capacidad para participar en contratos públicos y obtener ayudas durante cuatro años.

En el desarrollo del caso, también se tomaron decisiones que exoneraron a algunas personas y empresas de posibles cargos, mientras que, gracias a las acciones emprendidas, se ha establecido el comiso definitivo de más de 957.000 euros vinculados a los bienes y a la identidad del funcionario y su esposa, en un esfuerzo por reparar el impacto económico del fraude perpetrado en la contratación pública en relación a obras viales.

Finalmente, se ha reconocido la responsabilidad subsidiaria de las personas jurídicas implicadas en el escándalo, fortaleciendo el principio de rendición de cuentas en el ámbito administrativo que busca garantizar una mayor transparencia y justicia en el uso de los recursos públicos en Cantabria.