El pasado 20 de octubre en Santander, la Fiscalía de Cantabria ha solicitado una condena que podría alcanzar los cuatro años de cárcel, además de una multa de 4.000 euros, para cada uno de los seis sujetos acusados de dedicarse al tráfico de drogas desde un inmueble ocupado y un local comercial de la ciudad.

El documento presentado por la Fiscalía detalla que estos individuos estaban involucrados en la distribución y venta de diversas sustancias ilegales, incluyendo cannabis y cocaína, utilizando como base de operaciones un domicilio que fue previamente ocupado, así como un local que funcionaba como punto de encuentro para los consumidores de estas drogas.

Las fuerzas policiales, durante la vigilancia del lugar, observaron numerosas transacciones de drogas y procedieron a llevar a cabo una serie de incautaciones. En el registro de la vivienda ocupada, los agentes encontraron un arsenal de papelinas de cocaína, una balanza de precisión y una suma de 1.850 euros en efectivo. Además, en el local, se descubrieron otros productos como trankimazin y lormetazepam.

La postura del Ministerio Público es clara al considerar a los acusados responsables de un delito grave contra la salud pública, sugiriendo la imposición de cuatro años de prisión y una multa de 4.000 euros por cada uno de ellos.

Concurrentemente, el próximo 21 de octubre a las 10.00 horas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial llevará a cabo el juicio relacionado con este caso, de acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En otro ámbito, el Ministerio Fiscal ha requerido una pena de cuatro años de prisión y una multa de 3.240 euros para un hombre acusado de manipular a una anciana con deterioro cognitivo para que le entregara importantes sumas de dinero. Se ha propuesto además que se le prohíba acercarse o comunicarse con la mujer durante cinco años. Por su parte, la acusación particular ha solicitado una condena más severa de seis años de prisión y 4.320 euros de multa.

De acuerdo con las cifras presentadas, la anciana habría entregado hasta 187.000 euros al acusado, mientras que la acusación particular eleva el monto total del perjuicio a 237.500 euros.

La audiencia preliminar de este caso está programada para el martes a las 11.30 horas en la misma sección de la Audiencia Provincial. Esta fase del proceso se enfocará en alcanzar un posible acuerdo para resolver el tema del delito de estafa, aunque se observará que las solicitudes de las partes varían en función de las cantidades que cada una considera que fueron sustraídas. En caso de no alcanzar una resolución, el juicio se podrá realizar en una fecha posterior.

Según la Fiscalía, el acusado, que poseía un bar en Santoña, se aprovechó de la confianza depositada en él por parte de la anciana, quien acudía diariamente al establecimiento, convenciendo a la mujer en un periodo de catorce meses para que le entregara diferentes sumas de dinero bajo pretextos engañosos.

El acusado utilizó, además, varias artimañas para sustentar sus peticiones, incluso aprovechándose de confidencias que la mujer le había hecho. Por ejemplo, logró que le diera dinero con la falsa promesa de recuperar unas joyas que supuestamente le habían robado, así como una suma que le había prestado a un sobrino años atrás.

En otra de las audiencias que se llevarán a cabo el martes, la Fiscalía tiene previsto solicitar una pena de tres años y medio de prisión para un individuo acusado de causar lesiones con deformidad a otro durante una disputa surgida por un malentendido relacionado con el estacionamiento de un vehículo.

Según los informes del Ministerio Público, ambos involucrados se agredieron con la intención de perjudicar la integridad física del contrario, lo que resultó en una serie de golpes mutuos.

Las consecuencias para uno de los implicados incluyen traumatismos en la cabeza y la cara, con una fractura de nariz y la pérdida de un incisivo, mientras que el otro sufrió lesiones menores.

Las agresiones han sido calificadas como un delito de lesiones con deformidad, así como un delito leve de lesiones, por lo que se piden tres años y medio de prisión para el principal acusado y una multa de 480 euros para el otro. Además, el primero está obligado a indemnizar al segundo con 1.585 euros, y viceversa, debe indemnizarlo en 140 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial albergará esta audiencia preliminar el martes 21 de octubre a las 11.45 horas, con el propósito de buscar un posible acuerdo. En caso de que esto no se logre, el juicio se reprogramará para una fecha posterior.