CANTABRIA, 27 de octubre.

En una jornada de intensa actividad legislativa, las fuerzas de oposición en el Parlamento de Cantabria, compuestas por el PRC, PSOE y Vox, han decidido unirse para exigir al Gobierno regional que convoque de manera urgente a las mujeres que requieren pruebas complementarias tras sus mamografías, y que lo hagan antes de diciembre. Esta petición se llevó a cabo durante la sesión de la tarde de este lunes.

Con el único voto en contra del Partido Popular, la propuesta presentada por el PRC obtuvo el respaldo de los demás partidos, dando luz verde a una proposición no de ley que también estipula que el Gobierno debe presentar, en un mes, un plan urgente para la detección temprana del cáncer de mama. Este plan necesita contar con un presupuesto de cinco millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos para 2026, enfocado en mejorar el programa en todos los hospitales públicos de la región.

Además, la iniciativa establece que el Ejecutivo debe designar a una persona coordinadora del programa. Se prevén incentivos para residentes en radiología para asegurar un número adecuado de personal especializado y se requiere una modernización del sistema informático relacionado con la radiología, integrando las tres unidades de almacenamiento y utilizando inteligencia artificial. También se incluye el cribado de mujeres entre 45 y 74 años, siguiendo las recomendaciones europeas ya aprobadas por el Parlamento cántabro.

Como parte de la propuesta, el Gobierno debe presentar un informe detallado en un plazo de tres meses que contemple las medidas adoptadas, los plazos de implementación y el presupuesto asignado a cada acción, así como la presentación de cifras actualizadas relacionadas con el programa.

Paula Fernández, diputada del PRC, defendió la necesidad de esta acción, señalando que el retraso en el programa de cribado, que afecta a unas 3.900 mujeres, ha llegado a ser “estructural” y elevado a una “crítica” necesidad no atendida. En su discurso, pidió al PP que deje de lado las excusas como las jubilaciones sin reemplazo y responsabilizó al Gobierno de no hacer la autocrítica necesaria y actuar con una actitud de arrogancia.

La diputada también urgió a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a implementar un plan urgente para resolver el “colapso” que viven miles de mujeres en este ámbito, argumentando que su inacción sería una complicidad con el abandono de personas que enfrentan una situación vital.

La voz de Vox también se hizo eco de las quejas sobre la falta de planificación del Ejecutivo, siendo Natividad Pérez quien manifestó que resulta “inaceptable” que casi 4.000 mujeres se vean afectadas por los retrasos en un programa vital para la salud pública.

Desde el grupo socialista, Raúl Pesquera criticó al Gobierno por la privatización del sistema sanitario a través de un convenio con el Hospital Santa Clotilde y exigió que se informara sobre los plazos de espera que enfrentan los pacientes. “Quiero saber cuánto tiempo llevan esperando,” hizo énfasis.

En respuesta, Miguel Ángel Vargas del Partido Popular pidió a los regionalistas que no “desacrediten” un asunto tan delicado en su afán de desacreditar al Gobierno, afirmando que los programas de cribado son esenciales y salvan vidas. Apeló a los opositores a no difundir incertidumbre desde el estrado parlamentario.

El Pleno también rechazó otra proposición no de ley presentada por el grupo socialista, que solicitaba la paralización del convenio específico con Santa Clotilde, lo que generó aún más tensión. Pesquera defendió la colaboración con hospitales privados, pero bajo un sistema competitiva, criticando la gestión pública actual que lleva a depender de lo privado, sobre el cual hizo hincapié al referirse al convenio de 216 millones de euros durante un periodo de 16 años, afirmando que es una delegación irreversiblemente dañina.

Las enmiendas propuestas por PRC y Vox a esta iniciativa fueron rechazadas por el PSOE, resultando en la abstención de los regionalistas y el voto en contra de Vox. Fernández y Pérez coincidieron en la necesidad de que el Gobierno explique y justifique el convenio firmado.

Finalmente, Vargas replicó a las críticas socialistas defendiendo que el convenio con Santa Clotilde es una práctica histórica en la comunidad autónoma, recordando que se ha continuado con modelos de colaboración que también han sido usados por gobiernos socialistas en otras autonomías, como Navarra y Asturias.