El Sindicato UGT-Sanidad ha lanzado una clara advertencia al Gobierno de Cantabria sobre la necesidad urgente de equidad en el pago del Complemento de Atención Continuada (CAC) para todos los profesionales que laboran en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esta demanda no se limita a un solo grupo, sino que aboga por una compensación justa y universal para todos los implicados en el sistema de salud de la región.

Fernando Carmona, secretario de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria, destacó que el sindicato ya había planteado esta reivindicación durante la reunión de la mesa de Función Pública, celebrada el 13 de octubre. En esta reunión, UGT solicitó que se incluya una asignación en los Presupuestos Generales de 2026 que asegure el derecho al CAC a todo el personal que atraviese situaciones de incapacidad temporal.

El sindicalista enfatizó que es “injusto” que una sola categoría profesional esté autorizada a recibir este complemento durante los períodos de incapacidad, lo cual, según él, constituye una forma de discriminación intolerable dentro del Servicio Cántabro de Salud. Esta situación visualiza una distinción inaceptable entre los profesionales que, a diario, se esfuerzan por brindar un servicio de calidad.

Carmona insistió en que tanto los empleados del sector sanitario como los no sanitarios tienen el mismo peso al momento de ofrecer atención a la ciudadanía y, por lo tanto, deben ser tratados de forma equitativa, sin jerarquías que demarquen a trabajadores de "primera" y "segunda".

En consonancia con esta postura, la UGT ha manifestado su apoyo a la Proposición de Ley presentada el 14 de octubre por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca reformar la normativa existente para extender el derecho al CAC a todos los trabajadores del SCS, sin excepción.

El sindicato ha instado a las diversas fuerzas políticas en el Parlamento de Cantabria a unirse en esta causa "en defensa de la equidad y la justicia en el ámbito laboral", subrayando la necesidad de mejorar las condiciones del sistema público de salud.

Carmona también ha agregado que esta propuesta no solo se fundamenta en principios de igualdad, sino que serviría para prevenir disputas laborales y conflictos legales originados por la disparidad en el trato retributivo actual.

Ante la posibilidad de que la legislación no sea ajustada para incluir a todos los trabajadores del SCS en un marco de igualdad de derechos, UGT no descartó considerar "todas las alternativas viables", incluyendo manifestaciones, para conseguir una verdadera equidad y el reconocimiento adecuado de todos los profesionales del sistema público cántabro.

“Defendemos una igualdad tangible en las condiciones laborales para todo el personal del SCS. Cada profesional, desde su rol, contribuye al bienestar de la sociedad y merece ser valorado de la misma manera”, concluyó Carmona, dejando clara la postura del sindicato.