El 22 de octubre en Santander, la organización Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha hecho un llamado urgente para abordar la creciente problemática de construcciones ilegales en una zona de suelo rústico protegido en Monte Lugar, en Suances. Este grupo ha denunciado la presencia continuada de caravanas, autocaravanas y otros elementos que infringen la normativa urbanística y ambiental, exigiendo sanciones severas para quienes están involucrados en estas prácticas.

Según el comunicado emitido por EAC, a pesar de una orden del Ayuntamiento para despejar la zona, los responsables siguen operando en el terreno como si tuvieran derechos sobre él, desafiando abiertamente la ley y causando un daño significativo al entorno natural.

Los ecologistas han referido que las irregularidades han sido documentadas en un expediente que se generó tras una denuncia de SEPRONA, y respaldadas por el propio Ayuntamiento, que confirmó la incompatibilidad de estas actividades con la ordenación territorial existente. Esto se debe a que el suelo rústico protegido está destinado a usos no residenciales ni de acampada, lo que prohíbe expresamente la ocupación de este tipo.

Sin embargo, EAC critica que el Ayuntamiento ha permitido la continuación de esta ocupación, lo que sienta un preocupante precedente de impunidad en el ámbito urbanístico.

La organización ha manifestado que esta ocupación contraviene directamente la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA). Además, el Ayuntamiento advirtió que estas acciones podrían ser catalogadas como infracciones urbanísticas "muy graves", con multas que oscilan entre 30.001 y 300.000 euros, además de la obligación de restaurar el terreno a su estado original.

“Lo que ocurre en Suances no puede ser considerado un simple error administrativo, es una ocupación intencionada de suelo rústico protegido, una privatización inapropiada y una continuada violación de las normativas, a pesar de las órdenes de desalojo existentes”, enfatizó EAC en su denuncia.

Para Ecologistas en Acción, la falta de acción por parte del Ayuntamiento no solo permite que persista esta ilegalidad, sino que envía un mensaje alarmante: que la ciudadanía puede apropiarse del espacio público y establecer estructuras permanentes en áreas que deberían estar salvaguardadas.

“Cuando las instituciones permanecen inactivas, se convierten en cómplices de lo ilegal. Proteger el territorio no es una opción; es una obligación tanto legal como democrática,” destacó la organización en su comunicado.

Frente a esta situación, EAC exige la rápida remoción de las instalaciones ilegales, así como una sanción ejemplar conforme a la LOTUCA, sin concesiones ni justificaciones. También solicita vigilancia activa para prevenir nuevas usurpaciones del suelo público y la cese inmediato del uso privado en esa área, además de la restauración del entorno afectado.

“No permitiremos que un centímetro más de suelo protegido se convierta en un espacio privado. Tolerancia cero con quienes usurpan el territorio común y con aquellos que eligen ignorar esta problemática,” concluyó EAC.