El proyecto de ley sobre vivienda del Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha sido remitido al Parlamento para su debate y aprobación. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho un llamado a la oposición para fomentar un diálogo constructivo, destacando la necesidad de consenso en el tratamiento de este importante texto legislativo.

En una sesión del Consejo de Gobierno que se celebró el pasado martes, se dio luz verde a esta ley, catalogada como la primera de su tipo en la comunidad, con el objetivo de abordar de manera integral el serio problema de la falta de acceso a la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. La norma incluye medidas para movilizar unas 50.000 viviendas vacías en la región, que representan el 14% de la totalidad de edificaciones, utilizando incentivos y apoyos para los propietarios que estén dispuestos a alquilar sus inmuebles de forma asequible.

Entre las iniciativas más relevantes, la ley contempla un protocolo de desalojo inmediato por parte de la Policía Local en casos de ocupación violenta, así como la creación de una oficina dedicada a asistir a las víctimas de ocupaciones, brindando un número de contacto que estará disponible en las próximas semanas. Este texto normativo también establece restricciones sobre el acceso a ayudas sociales para aquellos condenados por delitos relacionados con la ocupación.

En una conferencia de prensa, Buruaga enfatizó la naturaleza moderna y eficaz del proyecto, que forma parte de un conjunto más amplio de medidas destinadas a resolver cuestiones relativas a la vivienda en Cantabria. La presidenta ha instado a la oposición a dejar de lado las “ideologías contaminantes” y colaborar en el desarrollo de una ley que persigue un efecto duradero.

Acompañado por el consejero de Vivienda, Roberto Media, Buruaga comentó que el texto ha suscitado un interés preliminar por parte del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), aunque se deben ajustar algunos detalles. Con respecto a Vox, la presidenta mostró optimismo sobre su posible apoyo, pero se mostró escéptica acerca de un acuerdo con el PSOE bajo la dirección actual del partido a nivel nacional.

La ley está diseñada para impulsar la construcción de vivienda protegida y promover la rehabilitación de espacios urbanos, fomentando la colaboración con la iniciativa privada para facilitar el acceso a una vivienda digna a todos los cántabros. Se busca simplificar los trámites administrativos, acelerando el proceso de calificación para viviendas protegidas mediante la declaración responsable.

Desde una perspectiva de seguridad jurídica, la norma establece protocolos de prevención y asistencia gratuita a través de la oficina destinada a las víctimas de ocupaciones. “Esta ley está orientada a proteger a los propietarios de okupas, garantizando al mismo tiempo alternativas habitacionales para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, destacó Buruaga.

El consejero de Vivienda también subrayó que la iniciativa tiene como finalidad incrementar la oferta de vivienda, haciendo hincapié en el alquiler asequible a través de alianzas público-privadas, tal como se ha implementado en varios de los nuevos proyectos habitacionales promovidos por el Gobierno en distintas localidades.

Además, se restablecerá el régimen de vivienda a precio tasado, permitiendo que aquellos que exceden ciertos limites de renta, pero que todavía enfrentan dificultades, accedan a viviendas protegidas. Se promoverán igualmente modelos de acceso innovadores, como el coliving y el cohousing, con el fin de adaptarse a las necesidades del mercado actual.

Se implementarán incentivos especiales para movilizar viviendas desocupadas, ajustando la renta al mercado y ofreciendo ayudas para gastos de IBI y comunidad. Entre las novedades más destacadas, la ley reconoce una situación de emergencia habitacional para colectivos que hayan perdido su vivienda a causa de desastres naturales, brindándoles acceso a programas de asistencia.

Asimismo, se contempla la inclusión de trabajadores de servicios básicos que, a pesar de no cumplir con los criterios actuales para optar a vivienda protegida, se encuentran en situaciones complicadas en el mercado libre, como médicos, profesores y otros profesionales esenciales.

El proyecto también busca regular con precisión los procedimientos de adjudicación y los precios máximos de venta y alquiler de las viviendas del parque público, mejorando la habitabilidad y eficiencia energética de todos los inmuebles. La figura de la declaración responsable se ampliará gracias a la Ley de Simplificación Administrativa, reafirmando la confianza y la transparencia en la gestión pública.

Otro de los elementos innovadores es la creación de una figura de vivienda rural protegida y la implementación de un Plan de Vivienda Rural, que pretende revitalizar zonas despobladas y en envejecimiento demográfico a través de incentivos económicos y promoción de la rehabilitación.

Por último, el Gobierno se ha comprometido a apoyar a los propietarios de segundas viviendas afectadas por la okupación, excluyendo del acceso a ayudas a quienes hayan sido condenados por okupaciones ilegales en los últimos cinco años. La creación de un Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo y un Registro de Agentes Inmobiliarios también está en la agenda para mejorar la regulación del sector.