El 3 de abril de 2025, en Santander, el Consejo de Gobierno de Cantabria ha decidido llevar su resistencia al Tribunal Constitucional, impugnando el Real Decreto que establece el reparto de menores migrantes. La administración regional considera que este decreto, impulsado por el Gobierno central, transgrede las competencias que están reservadas a las comunidades autónomas.

Este procedimiento legal se centra en el Real Decreto-ley 2/2025, el cual fue promulgado el 18 de marzo y se ocupa de adoptar medidas urgentes para proteger el interés superior de los niños y adolescentes en situaciones de migración extraordinaria. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria está convencido de que estas nuevas regulaciones, que alteran la Ley de Extranjería y dictan cómo se debe distribuir a los menores no acompañados, sobrepasan la autoridad que le corresponde a la comunidad autónoma en cuestiones de protección y asistencia social, tal como lo estipula su Estatuto de Autonomía.

Se establece como plazo límite para formalizar este recurso el 19 de junio de 2025. Este movimiento legal responde a la reciente solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia, a la cual Cantabria ha respondido con información sobre su capacidad de acogimiento de menores, dejando claro que el decreto central es "manifiestamente inconstitucional" y que se tomarán acciones legales al respecto.

En el ámbito local, Cantabria cuenta con 220 plazas disponibles para la atención de menores, de las cuales 36 están designadas para menores extranjeros no acompañados. Actualmente, 22 de estas plazas están ocupadas, lo que deja un remanente de 14 vacantes. Sin embargo, la Consejería de Inclusión Social ha advertido que estos datos son "extremadamente volátiles" y varían con frecuencia según las circunstancias.

A lo largo de 2024, Cantabria recibió a 41 menores migrantes, a pesar de tener un número de plazas inferior (36), puesto que algunos de ellos no permanecen en acogida durante todo el año. Esta información fue enviada al Ministerio como un testimonio de que Cantabria "cumple y cumplirá con la normativa vigente", a la vez que se asegura que se activarán "los mecanismos de defensa jurídica" pertinentes en contra del Real Decreto-ley 2/2025, dado a conocer hoy ante la opinión pública.