El 18 de septiembre, en Santander, el Gobierno de Cantabria ha expresado su preocupación respecto a lo que percibe como una maniobra del Ejecutivo central y diversas organizaciones ecologistas y animalistas para reinstaurar el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), del que fue excluido en abril, permitiendo así su caza.

María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, ha señalado que la reciente alegación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO) sobre el nuevo plan regional de gestión del lobo es indicativa de un deseo de revertir la situación actual. La consejera hizo referencia a la petición de moratoria presentada por agrupaciones como Ecologistas en Acción y Verdes Equo, que demandan detener las extracciones de lobos mientras se trabaja en la restauración de hábitats dañados por los recientes y devastadores incendios forestales.

En una rueda de prensa, Susinos manifestó su sorpresa por la postura del MITECO en relación al cupo de caza, que representa el 20% de la población de lobos en Cantabria y se traduce en aproximadamente 41 ejemplares permitidos para esta temporada. La consejera recordó que es el mismo límite que se había establecido en 2019, cuando el Ministerio no presentó objeciones y la población de lobos era considerablemente menor que la actual.

Según Susinos, el objetivo subyacente de las alegaciones del MITECO parece ser la intención de que el lobo regrese al LESPRE, ya que muchas organizaciones ecologistas presentan argumentos similares abogando por su protección total, sin permitir ninguna extracción. La consejera indicó que la mayoría de las 164 alegaciones al plan son de este tipo y siguen línea de pensamiento común entre las organizaciones ambientalistas.

La situación de los incendios forestales en Cantabria, según la consejera, ha tenido un impacto mínimo en la población de lobos, lo que justifica la continuidad de las extracciones bajo el cupo establecido. Hasta ahora, aproximadamente 20 lobos han sido eliminados, aunque los ecologistas estiman que esa cifra podría ser de hasta 30. Sin embargo, el plan de gestión cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Susinos enfatizó que es crucial seguir con las extracciones de lobos debido a los daños que estos provocan en la ganadería, y subrayó que se están utilizando datos precisos y rigurosos para tomar estas decisiones, en contraposición a las afirmaciones de que se están llevando a cabo sin respaldo científico. A modo de conclusión, la consejera defendió la integridad de su departamento y la legitimidad de sus acciones en este contexto.