La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central de Pedro Sánchez cumpla con su responsabilidad de ofrecer "información, colaboración y lealtad institucional" en el contexto del manejo de menores migrantes que llegan solos a España.

El Ejecutivo regional, que se encuentra bajo la gestión del Partido Popular, ha manifestado su disposición a dar la bienvenida a estos jóvenes, pero bajo la condición de que se garantice la financiación necesaria hasta que alcancen su independencia. "La solidaridad debe ir acompañada de recursos", enfatizó Gómez del Río, quien advirtió sobre las consecuencias de una falta de apoyo: "Podríamos enfrentar una insolidaridad y desigualdad en el trato a estos menores".

Las declaraciones de la consejera llegaron tras la postura del PP, que ha advertido al Gobierno socialista que, en ausencia de financiación adecuada, las comunidades autónomas gobernadas por su partido no están dispuestas a colaborar en la acogida de estos jóvenes, a quienes el partido acusa de ser objeto de "mercadeo".

Desde el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, también se reclama que se implementen medidas que aborden el problema desde sus raíces, culpando a las mafias que explotan a estos menores por su tráfico. "No podemos permitir que estos niños sean tratados como mercancía", declaró la consejera, quien subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente con los países de origen para erradicar este flagelo.

A lo largo de su intervención, Gómez del Río expresó su frustración por la falta de transparencia durante la Conferencia Sectorial de Inmigración, donde se discutió un decreto ley que se enviará al Consejo de Ministros. "Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, cuando lo que necesitamos es información directa", se quejó.

En cuanto a las propuestas anteriores que consideró "inconstitucionales", la consejera prometió un análisis jurídico exhaustivo para prepararse mejor ante posibles litigios en el futuro. Asimismo, mostró su preocupación por el pacto alcanzado con Junts, indicando que este podría estar vulnerando las competencias de las comunidades autónomas.

Finalmente, al ser consultada sobre el fondo extraordinario de 100 millones de euros destinado a Juventud e Infancia para 2025, Gómez del Río calificó esta cantidad de "claramente insuficiente". Explicó que la atención a estos menores debe abarcar más que solo alojamiento, incluyendo educación, atención sanitaria y medidas de inclusión social adecuadas.